En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el titular de Energía señaló que esta ha sido una consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la indemnización de 1.350 millones cobrada por la empresa Scal-UGS (de ACS y la canadiense CLP).

Del mantenimiento del almacén, que actualmente se encuentra en hibernación, se encarga Enagás, que percibe esta cuantía del recibo del gas. También sale del recibo el pago de la deuda generada por la indemnización, algo que según reveló hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha confirmado el ministro también se ha dejado de abonar al consorcio de bancos.

Este derecho de cobro es de 6,7 millones de euros mensuales, 80,4 millones al año. El consorcio de bancos está formado por Santander, CaixaBank y Bankia. Estos bancos, que titularizaron la deuda generada por el pago de la indemnización, deben percibir a través del recibo dicha cuantía durante un periodo de 30 años.

A este respecto, Nadal señaló que el Constitucional no cuestiona ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, ya que lo que no acepta es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista. Además, defendió que si este pago se hubiera aprobado a través de un proyecto de ley en lugar de hacerlo por real decreto ley no hubiera tenido nada que objetar.

Por último, el ministro previó que se va a producir una enorme ligitiosidad” entre operadores privados entre sí y con operadores públicos como consecuencia de dicha sentencia.