Según informaron fuentes municipales, el Ayuntamiento aprovechará así el plazo de 15 días que tiene para recurrir la resolución judicial, y lo hará por entender que "existen sentencias contradictorias sobre el grado de motivación" que exigen los ceses de los funcionarios nacionales habilitados.

El juzgado ha declarado nulo el cese por entender que la motivación alegada era sólo "genérica", a instancias de un recurso de la Delegación del Gobierno, que impugnaba la decisión adoptada en la Junta de Gobierno del 23 de junio de 2016.

El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, dijo en los pasillos del Palacio de Cibeles durante el Pleno de enero que a él, si fuera la alcaldesa, Manuela Carmena, le "avergonzaría" que sus compañeros de profesión, los jueces, le hayan propinado "revés tras revés" a decisiones como la del cese de Vigo, en el que desde su punto de vista se quiso "quitar de encima una testigo incómoda".

Mientras se debatía la reprobación de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por recurrir acuerdos laborales adoptados dentro del Ayuntamiento para mejorar las condiciones de los empleados públicos, Almeida quiso subrayar que gracias a otro recurso suyo el Consistorio iba a tener que readmitir a Vigo.