La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, presentó la propuesta de nombramiento de Granados destacando que es un magistrado de “reconocido prestigio” y defendiendo la pertinencia de la Oficina porque, “sin perjuicio de aceptar la suspensión cautelar” de las funciones ejecutivas de la misma que decretó el TSJ de Madrid, “sigue teniendo funciones muy importantes en la prevención” y en la formación de los funcionarios municipales en este aspecto.

Pidiendo a los grupos que actúen “institucionalmente, con generosidad y con visión de futuro”, y constatando que “las herramientas de que se han dotado las instituciones hasta ahora no han sido suficientes para combatir las enormes manchas de corrupción” que ha habido en Madrid, concluyó que “todo esfuerzo extra para que no se vuelvan a producir es positivo”, de forma que el Ayuntamiento estará mejor preparado para prevenir el fraude y la corrupción.

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, coincidió en defender la importancia de la Oficina, de la que espera “grandes y buenos resultados” porque será independiente del Gobierno municipal, y la idoneidad de Granados para ser el director, y aseguró que si hubiera existido antes tramas como la 'Gürtel' o la 'Púnica' habrían tenido más difícil contratar con el Ayuntamiento.

Por el contrario, desde el PP, Percival Manglano acusó al Gobierno municipal de “convertir en chatarra todo lo que toca”, con una Oficina que propuso una asociación civil, Accors, que ahora dice que lo que se va a hacer no es lo que ella propuso. Expresó su respeto por la trayectoria “intachable” de Granados, pero le advirtió de que “no sabe dónde se mete”, en una Oficina que “va a ser un cascarón vacío” por las competencias ejecutivas que le retiró el TSJ, y rodeado por concejales como los de Ahora Madrid que quieren según él acabar con la Constitución. Además, preguntó por qué se ha tardado un año en nombrar a Granados.

Desde Ciudadanos, Silvia Saavedra, también expresando su respeto por el director, aseguró que su partido siempre ha defendido la lucha contra la corrupción y así lo demostró proponiendo una oficina de esta índole que fue rechazada por Ahora Madrid y el PSOE, que a su vez presentaron su iniciativa meses más tarde, pero, a diferencia de la primera, vulnerando el ordenamiento legal y colisionando con las competencias de otros órganos municipales como la Intervención y la Inspección General de Servicios, como confirmó el TSJ suspendiendo cautelarmente las funciones ejecutivas de la Oficina.

Saavedra advirtió de que la Oficina provocará “inseguridad jurídica” y “daños irreparables”, criticó que el nombramiento de Granados se pueda hacer por mayoría absoluta en segunda vuelta, con el peligro de que un gobierno que la tenga pueda quedar eximido de la investigación de la Oficina, y que no se respete la confidencialidad de ciudadanos y funcionarios al regular las denuncias anónimas, prohibidas en el ordenamiento jurídico. Maestre contestó que el TSJ sólo ha suspendido tres artículos del reglamento de la Oficina, sin haberse pronunciado en firme sobre ella, y atribuyó la oposición del PP a motivos partidistas. Sentenció que la Oficina va a ser un orgullo y que ha llegado “para quedarse”.

Granados, que asistió a la tribuna de invitados del Pleno, declaró a los medios tras su nombramiento que se lo agradecía a la alcaldesa, Manuela Carmena, y al Pleno; que aceptaba el cargo con “responsabilidad e ilusión” y con la “determinacion de ayudar a que la cosas funcionen bien” y, resaltó que las competencias deprevención y formación no anuladas por el TSJ “son importantísimas” y así lo destaca el propio auto judicial. “Es mejor prevenir que castigar”, proclamó, afirmando que la Oficina no va a interferir, sino que es complementaria, en la Intervención Municipal y la Inspección General de Servicios.

En suma, y aunque asumió que la labor “no es fácil”, afirmó que la labor que se puede realizar es “muy importante” en defensa de la integridad, especialmente en áreas señaladas como vulnerables por la Comisión Europea como el urbanismo, la políticas medioambientales y la contratación pública, respecto a la cual en marzo entrará en vigor la nueva Ley de Contratación Pública. Por ello, se mostró “convencido” de que al final el PP y Ciudadanos apoyarán y colaborarán con la Oficina.