García representó a España en una cumbre ministerial convocada por Vella en Bruselas (Bélgica), a la que estuvieron convocados otros ocho países más (Alemania, Eslovaquia, Francia, Italia, Hungría, República Checa, Reino Unido y Rumanía) con el fin de buscar soluciones a la contaminación atmosférica o, en su caso, llevar a esos Estados infractores al Tribunal de Justicia de la UE.

Vella recordó que el proceso legal sobre esos nueve países sigue “en curso” porque los plazos para cumplir con las obligaciones en materia de calidad del aire vencieron “hace mucho tiempo”. “Algunos dicen que ya hemos esperado demasiado tiempo, pero no podemos esperar más y lo he dejado muy claro a los ministros esta mañana”, apuntó.

El comisario indicó que convocó la cumbre ministerial porque “la principal preocupación de la Comisión es proteger a los ciudadanos”, puesto que actualmente mueren cerca de 400.000 personas al año de forma prematura debido a la mala calidad del aire y “muchas más sufren innecesariamente enfermedades” relacionadas con la contaminación.

El comisario consideró a los ministros de Medio Ambiente como “aliados clave” para corregir esta situación y tomar “todas las medidas posibles sin demora”, pero reconoció que en la cumbre no hubo sugerencias “lo suficientemente sustanciales como para cambiar el panorama general”.

"La inacción tiene consecuencia para los ciudadanos y el aire contaminado que respiran. Los Estados miembro tienen responsabilidades para actuar. La inacción también tiene consecuencias jurídicas para los Estados miembro en cuestión. Se recordó a los ministros tanto estas responsabilidades como las consecuencias legales”, apostilló.

ÁREAS LOCALIZADAS

García indicó que los incumplimientos objeto de dictamen motivado de Bruselas no son un problema general, sino que afectan a áreas geográficas muy localizadas de Asturias y Andalucía en cuanto a los límites legales de partículas (PM10), y en la ciudad de Madrid y Barcelona y su área metropolitana respecto de los de dióxido de nitrógeno (NO2), segun informó el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente recalcó que España ha pasado de registrar ocho incumplimientos de la Directiva Marco de Calidad del Aire en 2010 a cinco en 2016 y, con carácter general, los niveles de contaminantes atmosféricos siguen una tendencia de mejora.

Recordó que la gestión y el control de la calidad del aire en España corresponden a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, cuyas medidas para avanzar en esta materia ha trasladado la secretaria de Estado al comisario europeo, mientras que al Estado le corresponde la elaboración de la normativa básica, la planificación general, la actualización de la relación de contaminantes y del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras, además de la elaboración de planes estratégicos de alcance nacional.

García indicó que el Gobierno ha destinado más de 1.2100 millones de euros desde 2012 para renovar el parque móvil e impulsar el uso de vehículos de energías alternativas y eléctricos, y que el pasado 15 de diciembre aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), con 52 medidas y un presupuesto de 276 millones de euros.

MEDIDAS DESARROLLADAS

Por otra parte, García relató las medidas puestas en marcha por las autoridades locales y regionales para lograr mejorar la calidad del aire en sus respectivos territorios. Por ejemplo, el Principado de Asturias (región donde los incumplimientos legales de polución afectan a menos de 130.000 habitantes) ha puesto en marcha dos planes de mejora de la calidad del aire (zona central y de Avilés) para reducir la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de Avilés y mejorar la movilidad en la zona.

Además, explicó que, según los informes regionales, el problema de contaminación deriva de la inadecuada ubicación de una estación, de manera que se produce una sobreestimación de la medición de partículas en suspensión en la zona de Avilés, por lo que se solicitará a la Comisión Europea el cambio de ubicación.

Por lo que respecta a Andalucía, el incumplimiento de material particulado se centra en Villanueva del Arzobispo (Jaén), donde viven unos 8.400 habitantes, y deriva de la quema de biomasa en calderas domésticas.

García trasladó al comisario que la Junta de Andalucía ha establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona, además de conceder ayudas para cambio de equipos de calefacción e impulsar medidas de concienciación.

En cuanto a Cataluña, la Generalitat puso en marcha en 2014 un plan de actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un plan de mejora y un programa de medidas, y en 2017 se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de Barcelona con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

Todos estos planes prevén medidas para una movilidad más eficiente y menos contaminante, y también se han adoptado actuaciones para reducir emisiones del sector industrial y eléctrico y se ha aprobado otro Plan de Mejora de la calidad del Aire del Puerto de Barcelona.

Por último, en cuanto al problema de NO2 que afecta a la ciudad de Madrid, García comentó que el ayuntamiento de esta localidad ha implantado desde el pasado año un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante.