En su escrito, Puigdemont solicita al Constitucional que deje sin efectos el auto con el que el pasado sábado el Pleno acordó la suspensión cautelar de su investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña si no se cumplen las condiciones indicadas en dicha resolución.

Los magistrados consideran “imprescindible” que Puigdemont acuda personalmente a la Cámara y que para ello obtenga previamente la autorización del juez que tramita el proceso penal en el que se ha acordado su detención. Además, suspenden la posibilidad del voto delegado desde el extranjero.

La parte dispositiva del auto dictado por el Pleno establece las siguientes condiciones: “No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario”. “No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”, dice el TC.

Finalmente, señala que “los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”. El Tribunal declara “radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución” y advierte a los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir si desobedecen esta suspensión.

El Tribunal Constitucional ha dado a las demás partes, Abogacía del Estado y Parlamento de Cataluña, un plazo que finaliza este martes, a las 11.00, horas, para que formulen sus alegaciones.