En medio de esta situación el Tribunal Constitucional ha comunicado al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la Mesa de las medidas cautelares que adoptó el pasado sábado y que suponen que la investidura de Puigdemont sólo podrá celebrarse si él está presente.

En las votaciones para elegir al presidente del Parlament y al resto de miembros de la nueva Mesa participaron de forma delegada esos tres diputados electos en prisión preventiva: Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez. Con posterioridad, estos dos últimos renunciaron a su escaño, por lo que ahora es sólo el exvicepresidente el que lo solicita.

En el momento de la constitución del nuevo Parlament tras las elecciones del 21 de diciembre, los cinco exmiembros del Gobierno catalán que se encuentran en Bélgica, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig (JxCat) y Antoni Comín y Meritxell Serret (ERC), no solicitaron el voto delegado.

En ese momento, el Gobierno central decidió no recurrir la delegación de voto en la sesión constitutiva del Parlament de los tres diputados que están en prisión, pero advirtió que procedería contra cualquier intento de participar en la sesión de los políticos huidos de la justicia.