En un comunicado, la Fiscalía indica que esta petición no supone cambio alguno en su postura, que es la misma que ha mantenido desde el principio de la instrucción de esta causa, que ha culminado en contra del criterio del ministerio público.

Ha sido la acusación del Observatori de Drets Humans, Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, la que ve indicios delictivos en la actuación del PP, al igual que la juez de Madrid encargada del caso que sospecha que el borrado fue intencionado a partir del momento en que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pidió los ordenadores para corroborar la veracidad de la declaración hecha por Bárcenas sobre la existencia de una financiación paralela en el PP que estaba registrada en su portátil.

Según la Fiscalía, no ha quedado acreditado cuál era la información que contenía los ordenadores ni tampoco que fuera “relevante” para la causa. “En síntesis, la Fiscalía entiende que dado que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por este hecho, lo que conlleva la pérdida de su condición de acusación particular, las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger”.

En consecuencia, solicita el archivo de la causa y dice sobre el delito de encubrimiento que no es aplicable a una persona jurídica, ya que la legislación establece que sólo las personas físicas puedan incurrir en esa figura delictiva.

El ministerio público considera que Bárcenas no pudo acreditar la propiedad de esos ordenadores pese a haber denunciado a la formación que dirige Mariano Rajoy y, en consecuencia, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid de advirtió que sin demostrar su que eran suyos no podía reclamarlos judicialmente.