Según informó este lunes el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, esta cifra pone de relieve el esfuerzo de la agencia por potenciar el control de las operaciones comerciales en la cadena alimentaria “en beneficio de todos los operadores”, ya que en un único año se han desarrollado la mitad de las inspecciones totales.

Los controles durante 2017 dieron como resultado la propuesta de 573 sanciones, el 62% de la cifra total de los cuatro últimos años de actividad de la agencia, que ascienden a 922 sanciones, por un importe superior a los 9,2 millones de euros.

Los datos de la actividad de AICA muestran que el incumplimiento de los plazos de pago concentra el 44% de las multas durante estos cuatro años, siendo la distribución comercial (mayoristas y minoristas) y el sector de la industria alimentaria los que se reparten casi a partes iguales las sanciones.

Por eslabón de la cadena, la industria alimentaria concentró 424 de las sanciones impuestas, una cifra similar a la suma de las de la distribución mayorista (232) y la distribución minorista (248).

Por sectores, frutas y hortalizas, con 287 sanciones, y lácteo, con 265, son los más sancionados, mientras que por tipo de infracción, el incumplimiento de los plazos de pago es, con el 44% de los casos (409), el motivo más frecuente de sanción, seguido de la reincidencia al cometer más de una infracción (244) y la ausencia de contratos (167).

Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes de sanciones propuestas por AICA los registraron Galicia y Madrid, con el 17% y el 16%, respectivamente. Les siguieron el País Vasco (11%), y Andalucía y Valencia con el 9%.