El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido presentar el recurso en contra del criterio del Consejo de Estado y aboca al TC a una decisión que puede romper la unanimidad que hasta ahora ha mantenido en todas las decisiones adoptadas en relación al proceso independentista.

En todo caso, el Gobierno cuenta con que salga adelante gracias a la mayoría 'conservadora' de su composición y dado que para la admisión a trámite de un recurso de estas características cumple con los requisitos de ir acompañado del informe preceptivo del Consejo de Estado, aunque sea contrario, y ha sido aprobado por el Consejo de Ministros

Las dudas se centran en determinar si la petición del Gobierno supone una medida preventiva, es decir tomar una decisión sobre un hecho que por el momento no se ha producido, y que en no es contemplada en el ordenamiento jurídico. La admisión a trámite no significa que el TC se pronuncie sobre el fondo de la cuestión que se le plantea pero, significa una suspensión automática del acto impugnado, lo que podría permitir al candidato Puigdemont una acción judicial en su contra por posible prevaricación.

IRREVERSIBLE

La Abogacía del Estado alega en el recurso que no puede ser candidato a la presidencia de una comunidad autónoma una persona que no tiene libertad de movimientos, está fugado y pesa sobre él una orden de detención e ingreso en prisión por delitos graves como el de rebelión.

Por eso, el recurso se dirige a "evitar que se produzca de manera irreversible una vulneración procedimental sustancial y de la importancia que representa un debate y votación de investidura de un presidente de la Generalidad".

En el texto del recurso, el Gobierno pide expresamente la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que establece la suspensión automática de los actos impugnados cuando es el Ejecutivo el que recurre.

Solicita, además, que el garante de la Constitución a advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión" de la investidura de Puigdemont, en el caso de que el recurso se admita.

Es más, insiste en que se les inste a "abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, con expresa advertencia de las consecuencias penales en caso de que así no se haga". En el supuesto de que los citados hagan caso omiso, estarían incurriendo en un delito de desobediencia, por el que la anterior Mesa presidida por Carme Forcadell están siendo investigados.

Para el Gobierno, el intento de investir a Puigdemont es "un abuso de derecho" y "un fraude a la Constitución" contrario al artículo 23 y al Reglamento de la Cámara catalana, cita la obligación del candidato a comparecer físicamente en la sesión de investidura. Además, considera que la retirada de petición de voto delegado por Puigdemont es un intento “concertado” evitar impugnaciones de la investidura.

"La designación de un candidato que no va a acudir al debate de investidura y que no puede obtener la mayoría si no se violenta la Constitución y el Reglamento en relación con la investidura presencial y los votos delegados (del resto de los huidos en Bélgica) implica una actuación inconstitucional por parte del presidente del Parlament que aboca a la comunidad autónoma a la ingobernabilidad", dice el recurso.

El Gobierno cree que contar con la ausencia de Puigdemont de la sesión de investidura no es una “conjetura”, puesto que "de las actuaciones judiciales se deduce más allá de toda duda de que si Puigdemont regresara a España sería inmediatamente detenido y puesto a disposición judicial", por lo que "su situación procesal actual es incompatible con la presencia en el Parlamento, con su comparecencia personal en la Cámara". Y avala su parecer con el hecho de que ha sido el presidente del Parlament el que ha ido a Bélgica a hablar con el candidato, "cuando lo lógico es que hubiera mantenido este encuentro en el Parlamento de Cataluña".

De estos datos, el Gobierno infiere que Torrent ha actuado "con un claro afán partidista de índole independentista" al proponer la investidura de un "candidato inviable", con lo que "aboca a la comunidad autónoma a una crisis gubernamental prolongada y además impediría, al no existir un gobierno, el levantamiento de las medidas autorizadas por el Senado en el marco del procedimiento de coerción estatal del artículo 155 de la Constitución".