Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante el encuentro que mantuvo hoy con la religiosa estadounidense Helen Prejean, cuya presencia en Madrid coincide con el estreno en el Teatro Real de la ópera ‘Dead Man Walking’, título de su libro autobiográfico que fue llevado al cine.

La religiosa estadounidense participó ayer en una mesa redonda organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y el Teatro Real, en la que intervinieron Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional; Juan Ignacio Morro, director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos; Asunta Vivó, directora ejecutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte; y Juan José Martínez, ciudadanos español que se libró del corredor de la muerte en EEUU.

Exteriores tiene a la abolición de la pena de muerte en el mundo como una de sus prioridades como país miembro del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2020.

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) se fundó por iniciativa española en 2010 y, desde el año 2016, tiene su sede en España. Sus miembros son 21 ex altos cargos que utilizan su influencia para apoyar la abolición. Entre ellos, se encuentran Robert Badinter, Giuliano Amato, José Luis Rodríguez Zapatero, Federico Mayor Zaragoza, Michèle Duvivier, ex presidenta de Haití, o Navi Pillay, la actual presidenta, que fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en dos mandatos y magistrada de la Corte Penal Internacional.

Los miembros de la CIPM viajan a países donde se puede avanzar en la abolición porque hace tiempo que no se ejecuta a nadie (abolicionistas de hecho) o porque se ha decidido una moratoria general y se quiere influir para dar el siguiente paso, la abolición.

Un total de 19 países de todas las regiones del mundo forman el grupo de apoyo, que asiste a los miembros de la Comisión y se coordina con ellos. España ostenta la presidencia de este grupo.