Así se expueso en la reunión sectorial de los gerentes del grupo, una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades públicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza. Su objetivo es promover la colaboración entre las instituciones universitarias pertenecientes al grupo, tanto en lo que respecta a las actividades docentes e investigadoras como a las de gestión y servicios.

La nueva ley transpone al ordenamiento jurídico español las normativas europeas en este terreno, que buscan mejorar la transparencia. Sin embargo, advirtieron, su implantación provocará “aumentar los procesos burocráticos de manera notable”.

Ello “obliga a un esfuerzo adicional muy importante a todas las universidades públicas en un plazo escaso de tiempo, dentro de un contexto de reducción de recursos humanos”, indicaron en un comunicado estas universidades.