Al término del acto en memoria de las víctimas del Holocausto que se celebró en la Casa de la Villa, Almeida desdeñó la “carrera alocada de la izquierda por tratar de reprobar” a Dancausa, dado que el PSOE presentó primero una proposición en este sentido y “Ahora Madrid se puso celosón” y registró después una moción de urgencia para no quedar atrás.

En esta competición, él se preguntó qué votarán los socialistas a la pertinencia de la urgencia, dado que sin ellos no saldrá adelante la moción del grupo que sustenta al Gobierno; si el PSOE seguirá con “síndrome de Estocolmo” y la apoyará, después de “hacer el ridículo” ayer, cuando la portavoz socialista, Purificación Causapié, volvió a pedir en Usera el cese de la concejala presidenta, Rommy Arce, dos meses después de sacar adelante su reprobación y verla ignorada por el equipo de gobierno.

Sobre el fondo de la cuestión, Almeida advirtió de que la alcaldesa y exjueza Manuela Carmena “a quien está reprobando es a sus compañeros” del TSJ de Madrid, que “han dado la razón a los argumentos de la Delegación de Gobierno” en su recurso contra la equiparación de las condiciones del personal laboral del Ayuntamiento a las del personal funcionario. El TSJ decretó la suspensión cautelar de esa equiparación a instancias del citado recurso.

El portavoz popular interpretó que “el problema es que Manuela Carmena tiene la mala costumbre de dictar resoluciones ilegales”, como en otros recursos del Grupo Municipal Popular que han sido atendidos por los tribunales, y, en cambio, la Delegación del Gobierno “está haciendo cumplir la ley en la ciudad de Madrid”.

“Deberían hacérselo mirar. Cuando la Justicia les da la razón, les parece extraordinario, y, cuando no, el problema no es de ellos, sino de la Justicia”, recriminó Almeida, quien instó a Ahora Madrid y el PSOE a que “acrediten el criterio distinto” que, según rezan los textos de ambas iniciativas, mantiene la Delegación del Gobierno hacia el Ayuntamiento y hacia la Comunidad, y digan “dónde se está produciendo el trato discriminatorio”. A su juicio, “no hay discriminación”, sino que “la Delegación se limita a asegurar que se cumpla la ley”.