Robles, que es magistrada en servicios especiales, separó los “aspectos jurídicos” de los “políticos”. Respecto a los jurídicos, dijo que corresponde “únicamente” al Gobierno hacer una valoración de si teniendo un informe en contra del Consejo de Estado, acude o no al Tribunal Constitucional.

“No nos olvidemos", agregó, "que el Consejo de Estado es un órgano consultivo del Gobierno de la nación y, por tanto, desde el punto de vista jurídico esa valoración le corresponde solo y exclusivamente al Gobierno”.

En los pasillos del Congreso, la portavoz socialista indicó que, desde el punto de vista político, en el PSOE entienden que “Puigdemont, en ningún caso, con arreglo a la legislación vigente, tiene que ser candidato a la Presidencia de la Generalitat”.

“Pero los aspectos jurídicos y el hecho de que evidentemente el Gobierno haya recibido un varapalo por parte del Consejo de Estado es algo que jurídicamente solo le corresponde valorar al Gobierno de la nación”, reiteró.

En este contexto, apuntó que si el Gobierno está actuando “jurídicamente bien o no” le corresponderá valorarlo al propio Ejecutivo “y a los ciudadanos también”, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “tendrá que explicar también a los ciudadanos la valoración jurídica que el Gobierno hace para ir al Tribunal Constitucional”. “Los reveses jurídicos son del Gobierno, que es quien toma la iniciativa”.

No obstante, indicó que el PSOE va a apoyar las decisiones políticas, que “son impedir que jurídicamente, de una manera adecuada”, Puigdemont sea presidente de la Generalitat.

Reiteró que el PSOE tiene “muy claro” que Puigdemont, en la medida que elude la acción de la Justicia en España, “no puede ser candidato a presidente de la Generalitat de Cataluña”.