Así lo confirmó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros que lo acordó, pese a que el informe solicitado al Consejo de Estado recoge que ahora no es el momento para impugnar la candidatura del presidente cesado de la Generalitat. No obstante, este documento “es perceptivo pero no vinculante”.

A su vez, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien compareció junto a Méndez de Vigo, defendió que existen “argumentos legales suficientes” para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la resolución del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, por la que propone a Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat pese a estar huido de la Justicia.

La ‘número dos’ de Mariano Rajoy en el Ejecutivo se pronunció en estos términos una vez el Consejo de Estado, órgano consultivo al que se solicitó ayer un informe, valoró que ahora no es el momento para impugnar la candidatura del presidente cesado de la Generalitat.

No obstante, este documento es perceptivo pero “no vinculante”, y para la vicepresidenta existen “argumentos legales suficientes” que fundamentan la acción del Gobierno, que ha de hacer “todo lo legalmente posible” para “evitar que la legalidad se vulnere”. Para ello, dijo, se usarán “todas las herramientas” que ofrece la ley para intentar impugnar esta candidatura.

Tras manifestar “todo el respeto” al Consejo de Estado, subrayó que “el máximo compromiso” del Gobierno es la defensa del Estado de Derecho. “Tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley nos da para evitar que alguien huido voluntariamente de la Justicia pueda, de forma ilegítima, ser investido y ponerse al frente de un Gobierno”, expuso.

"DELITOS MUY GRAVES CONTRA LA DEMOCRACIA"

Abundó en que Puigdemont está en busca y captura en el territorio nacional por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, delitos por los que “se ha negado a rendir cuentas ante el Supremo y son delitos muy graves contra la propia democracia y el conjunto de las instituciones del Estado”.

Por ello, Sáenz de Santamaría adujo que esta circunstancia “en la que se ha colocado voluntariamente” Puigdemont no le permite ser investido presidente de la Generalitat Cataluña y también impide al presidente del Parlamento catalán presentarle como candidato.

“Puigdemont tiene que rendir cuentas ante la Justicia y, una vez que llegue a España, su primera obligación es ponerse a disposición del Supremo y, si no, lo harán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, señaló, antes de argüir que el presidente cesado de la Generalitat “no está en condiciones de ser presentado como candidato”.

Sáenz de Santamaría aseguró que se ha “trabajado” para que este recurso “pueda ser admitido” a trámite, pero en todo caso la decisión corresponderá al TC. “Nosotros somos respetuosos con las tareas de cada uno”, afirmó. Dicho esto, emplazó a Torrent a designar “a otra persona que no esté sustraída de la acción de la Justicia”.

NECESARIA LA PRESENCIA

En este punto, y preguntada por la posibilidad de que Oriol Junqueras sea candidato, recordó que es “necesaria” la presencia de quien se va a someter a un Pleno de investidura y dijo que las decisiones sobre las personas puestas a disposición de la Justicia que están en prisión “le corresponde decidir al tribunal y no al Gobierno”.

Incidió en que gobernar es “tomar decisiones en momentos no fáciles” y en este caso “decisiones novedosas” porque “estamos viviendo un momento inédito en nuestra democracia”. “No nos habíamos encontrado nunca con la circunstancia de que pretenda ser investido presidente de la Generalitat quien tiene una orden de busca y captura”.

Así las cosas, justificó que el Gobierno debe utilizar la “posibilidad” que tiene de intentar suspender la resolución por la que Puigdemont es nombrado candidato. “¿Cuál sería la posición del independentismo y la situación de nuestro país si no utilizáramos esos instrumentos y se produce ese debate el martes?”, se llegó a preguntar la vicepresidenta.

Así las cosas, concluyó que Puigdment “no tiene libertad para ir al Parlament, salvo que vuelva a vulnerar la ley”. “Primero, hagamos respetar la ley, porque el respeto a la ley es ya el inicio de la normalidad”, opinó la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

Por último, comunicó que el Consejo de Estado contestó de manera “favorable” a la consulta potestativa que hizo el Gobierno sobre la posibilidad de recurrir la delegación del votod e los diputados que están “ausentes” (fuera del territorio nacional) y sobre las investiduras no presenciales o telemáticas.