En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Feijóo avanzó que el nuevo texto marcará cuatro objetivos fundamentales: velar por la salubridad y la higiene de este tipo de aprovechamientos termales, que tendrán que acreditar; garantizar su sostenibilidad ambiental, para evitar que se degrade su calidad o se reduzca su caudal; proteger su integridad, y promover el desarrollo económico y social de las zonas en las que surgen.

El presidente destacó que la futura ley delimitará entre establecimientos balnearios (con usos terapéuticos) y espacios termales (con uso lúdico). Dentro de estos últimos, se distinguirán también las piscinas termales que tengan un vaso o un conjunto de vasos cuya agua de alimentación fue declarada termal.

Feijóo destacó, además, que los períodos durante los cuales estarán autorizados los proyectos dependerá del suelo donde estén instalados: si están en suelo público, se otorgará una concesión administrativa por 30 años, prorrogable hasta un máximo de 75, y, si están en suelo privado, serán autorizadas por el período previsto en el proyecto, revisable como máximo cada 10 años.

El responsable del Gobierno gallego afirmó que la nueva norma también recogerá el régimen de inspección y sanciones y derechos y deberes. Por ejemplo, satisfacer las condiciones higiénico-sanitarias que indique el órgano sanitario, constituir una garantía financiera del 4% sobre la inversión del proyecto y formalizar un seguro de responsabilidad civil.

En cuanto a los aprovechamientos lúdicos de aguas termales que ya existen, está previsto que cuenten con un plazo de un año para su regularización una vez se apruebe la ley.

Feijóo aseveró que la Xunta avanza en su apuesta por aprovechar de una manera sostenible a riqueza termal de nuestro país, como se hizo con el plan 'Ourense, provincia termal', como está haciendo con el Plan de turismo y salud termal de Galicia y como está haciendo con el primer ecobarrio gallego, que promueve la Xunta en la ciudad de Ourense.

Por último, Feijóo incidió en que esta ley supondrá nuevas garantías para este sector, fundamental en la oferta turística de Galicia, tanto para los propietarios de las piscinas termales que ya están funcionando como para los interesados en impulsar nuevos espacios con este tipo de aguas, y también para los usuarios.

“Con esta ley el termalismo gallego gana en seguridad tanto para los promotores como para los usuarios, gana en blindaje legal y gana en potencial económico y turístico”, concluyó Feijóo.