`El Bigotes´ considera necesaria esta diligencia para esclarecer las contradicciones en las que ambos acusados han incurrido durante sus declaraciones en sede judicial al explicar cada uno de ellos la intervención del otro en los hechos que se juzgan.

Pérez dijo en su declaración de la pasada semana que varios empresarios pagaron a cargo de facturas falsas trabajos realizados por Orange Market para el PP durante las campañas electorales de 2007 y 2008. Certificó así la existencia de financiación ilegal en el PP de Valencia, mientras que Rambla negó estar al tanto de estos hechos y que el expresidente valenciano Francisco Camps le diera ordenes en ese sentido.

Su abogado ha solicitado que el juzgado fije fecha y hora para ese careo que considera "a los efectos legales de esta defensa completamente imprescindible, pertinente y útil, a fin de esclarecer la fiabilidad, validez y alcance de lo declarado uno por otro y otro por el uno".

El defensor de Álvaro Pérez solicita al juez "establecer relaciones de terceros nombrados y referidos y preguntados a ambos acusados". En concreto, quiere que se pregunte a la senadora y alcaldesa de Elda Adela Pedrosa Roldán, secretaria general el Partido Popular de la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2007; a Nuria Romeral Castillo, jefa de prensa de Camps y nexo entre éste y Rambla; a Paula Sánchez de León, secretaria autonómica de Comunicación, o a Rafael Blasco Castany, que ocupó distintas consejerías de la Generalitat valenciana.

El letrado Javier Vasallo entiende que la declaración de Castany puede ser importante para comprobar si el pago de 350.000 euros hecho por el empresario Enrique Ortiz, que lo reconoció en el juicio, se realizó con el conocimiento de Vicente Rambla.

Álvaro Pérez aseguró en su declaración que Vicente Rambla era uno de los dirigentes del PPCV que tenía conocimiento del sistema de financiación ilegal a través de empresarios que pagaban en dinero negro o que se hacían cargo de facturas falsas de gastos.

Los defensores de Pablo Crespo y Ricardo Costa se han adherido a la petición de Álvaro Pérez. El ministerio público ha pedido tiempo para instruirse sobre la petición antes de pronunciarse. Por su parte, la acusación particular ejercida por el PSOE también cree que debe admitirse, dado que los acusados están reconociendo en bloque los hechos que hasta ahora habían negado.