Así lo avanzó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, en la que explicó que la interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión de Torrent, porque el estatus jurídico actual de Puigdemont es “incompatible con su comparecencia personal en la Cámara”.

La ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales informó de que Rajoy firmó esta misma mañana la petición del informe al Consejo de Estado a fin de que una vez recibido se pudiera interponer, “si es posible mañana mismo”, la impugnación ante el Constitucional de la candidatura de Puigdemont.

Esto es así, prosiguió Sáenz de Santamaría, porque “pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en el territorio español”. Por tanto, adujo que Puigdemont “carece del derecho de libertad deambulatoria” y esto le “impediría” acudir al Pleno de investidura.

"CIRCUNSTANCIA HISTÓRICA"

Incidió en que este argumento jurídico se pone de manifiesto fácticamente en la “circunstancia histórica” de que ayer Torrent tuvo que evacuar consultas con Puigdemont “ni más ni menos que en Bruselas” y no en el lugar donde se ha reunido con el resto de portavoces.

Sáenz de Santamaría aclaró que la situación que se quiere dilucidar no es “que el señor Puigdemont vaya o no a venir”, algo que ni siquiera ha manifestado claramente el aludido. “La situación es que el presidente del Parlament ha propuesto candidato a la Presidencia a una persona que no tiene la plenitud de sus derechos”, subrayó.

“No planteamos este recurso por un posibilidad de futuro, sino por una circunstancia de presente y es que el señor Puigdemont tiene una orden de detención en España”, reafirmó, antes de señalar que el presidente cesado entra en territorio español debe presentarse ante la Justicia al entrar al país, “y si no que le pongan las Fuerzas de Seguridad a disposición de los jueces”.

Todo ello le llevó a decir que “no concurren” en Puigdemont, que es un “huido de la Justicia”, “las circunstancias que le permitirían una investidura”. “Lo que estamos diciendo es que Torrent no puede proponer como candidato a Puigdemont. Si propone a un candidato que pueda llevar a cabo la investidura es otra cosa”, aseveró.

CONSULTA SOBRE CANDIDATO NO PRESENTE

Además, Rajoy solicitó al Consejo de Estado una consulta potestativa para que determine si un candidato que no esté presente en la Cámara puede llevar a cabo una investidura. “Si eso se admitiera por parte de la Mesa o del presidente del Parlament, podría impugnarse por este mismo procedimiento al TC”, señaló la vicepresidenta.

También se ha solicitado la opinión del Consejo del Estado sobre el supuesto de que se admitiera el voto delegado de diputados que se encuentran fuera del territorio nacional para ver si “sería procedente denegar ese voto delegado” elevando el asunto al Constitucional.

En síntesis, Sáenz de Santamaría dijo que el Gobierno hoy utiliza los instrumentos que la ley pone a su disposición “para garantizar que la ley se cumpla, que todos los diputados en la Cámara ven respetados sus derechos y que llevemos a cabo los procedimientos de investidura con el respeto que se merecen los ciudadanos de Cataluña”.

Sobre la posibilidad de que los diputados que se encuentran en libertad provisional puedan volver a incurrir en un delito que les devuelva a prisión, dijo que ya “saben muy bien” que han de actuar con arreglo a la ley y que, en todo caso, será la Justicia quien decida sobre su futuro.

Además, confirmó que el Gobierno ha informado de esta decisión a los partidos políticos y grupos parlamentarios en el Parlament que estos días “se han acercado a nosotros para preguntar cómo lo veíamos”. En concreto, aseguró que tanto el PSC como el PP estaban al tanto de estas decisiones.