Así lo anunció la ministra durante su intervención en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, donde explicó que el objetivo es “terminar con la temporalidad injustificada” y, por ello, presentará a los agentes sociales una propuesta para “que se impongan tantas sanciones como contratos temporales sin causa haya celebrado una empresa”, es decir, caso por caso. De esta manera, se corrige el sistema sancionador actual, que no recoge el número de trabajadores afectados por las sanciones.

“Con cada contrato en fraude hay un trabajador y una vulneración”, afirmó Báñez, para agregar que “queremos dar un paso más en ese sentido” con medidas que “no solo sancionen, sino que disuadan de una vez para siempre de mantener formas de contratación insolidarias”. “Solo queremos que sea una temporalidad justificada y no una temporalidad claramente abusiva”, puntualizó.

En esta línea, la ministra aportó nuevos datos sobre la actuación de la Inspección de Trabajo en materia de lucha contra el fraude laboral como es que desde 2012 han aflorado más de 500.000 empleos irregulares, más de 7.000 empresas ficticias que defraudaban a la Seguridad Social y se han convertido 350.000 empleos indebidamente temporales en indefinidos.

“Las instituciones en nuestro país funcionan y todos estamos para que cada día en nuestro país haya mayor empleo y de calidad”, valoró la ministra.