Es una de las propuestas recogidas en un informe que la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia ha elaborado en el marco de la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa en el Gobierno de La Rioja que establece una serie de medidas a desarrollar durante los próximos meses, y que dará prioridad a la atención a personas con discapacidad.

“La responsabilidad social es un enfoque con el que pretendemos dar respuesta a uno de los principios del Gobierno Abierto: nuestra sensibilidad social”, indicó Martínez Arregui, a la vez que la ha definido como “un compromiso ético que nos hemos autoimpuesto y que tiene un carácter transversal”.

Además del convenio con Fundación ONCE, añadió, se establecerán “alianzas con instituciones como Forética e Innovaética”, dedicadas a fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones.

Según ha destacado la portavoz del Ejecutivo regional, desde el inicio de la legislatura, se han dado “pasos decisivos para ello, como la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública; el desarrollo de medidas de transparencia, comunicación e información pública; la elaboración de distintos códigos éticos para los altos cargos y el personal eventual o de confianza; o la implementación de medidas para una mayor eficiencias energética y de gestión de los residuos”.