La declaración en el juicio por la trama valenciana de la 'Gürtel' de Ricardo Costa estaba prevista para la tarde, pero su defensa solicitó que la sesión comenzara con su declaración.

El "máximo responsable" de esa actividad ilegal, dijo, era Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana y del partido en esa comunidad. Se refirió a empresas y a cantidades y admitió su responsabilidad en esa financiación ilegal por no haberla denunciado pese a conocerla.

Al inicio de su comparecencia dijo a preguntas de la Fiscalía que sólo hizo una declaración sobre este asunto en 2012. “Declaré en instrucción en unas condiciones personales y familiares muy complejas, acaban de pasar un procedimiento judicial con muchas presiones, no he hablado nunca con los medios de comunicación y quiero contar ahora, después de una profunda reflexión, lo que ha concurrido", afirmó.

Según su relato, Camps era el responsable de “las decisiones más importantes” que se tomaban en relación a la campaña electoral en la que fue candidato. En 2007 las decisiones “las tomaba el presidente del PP, el señor Camps, que además era el candidato, si bien es cierto que contaba con el apoyo de un equipo que coordinaba la campaña, que estaba dirigido por Vicente Rambla", aseguró.

Explicó que no había un presupuesto cerrado de la campaña y que la decisión de encargar su organización a la empresa Orange Market la tomó directamente el candidato, tras lo cual se lo “comunica Álvaro Pérez, aunque posteriormente tuve comunicación oficial", aseguró.

SUBVENCIONES Y EFECTIVO

Con su declaración confirmó lo dicho la pasada semana por el cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, y por sus máximos colaboradores, Pedro Crespo y Álvaro Pérez `El Bigotes´. Según dijo a preguntas de la Fiscalía, el PP pagaba con dinero de los empresarios. "Se pagaba de dos formas. En primer lugar con la subvención electoral de las Cortes. Y en el caso del PP, con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano. Es cierto que el PP financiaba con dinero negro la campaña de 2007", dijo.

En un momento de su declaración, Costa admitió que había omitido su deber de denunciar una situación ilegal y dijo estar “dispuesto a asumir la responsabilidad que conlleva”. "Soy consciente de lo que estoy diciendo, de las repercusiones que esto va a tener en mí, en mi familia", dijo el acusado, que acabó la declaración manifestando su “arrepentimiento” y pidiendo “perdón a la sociedad valenciana y española”.

Camps desgranó punto por punto el sistema de financiación ilegal que se puso en marcha en Valencia. Explicó que en 2006 el entonces vicepresidente de la Generalitat valenciana, Víctor Campos, le enseñó varios sobres con dinero en efectivo procedente de donaciones de empresarios que eran adjudicatarios de contratos. Este dirigente le aseguró que este `modus operandi´ es un “encargo del presidente Camps y de Juan Cotino”. Ambos tendrán que declarar en este juicio como testigos.

Además de este sistema de financiación ilegal, Campos le propuso otro modo de recaudar dinero de los empresarios: “Campos me cita en su despacho y me dice que se plantea una tercera forma, esa tercera forma consiste en la emisión de facturas por parte de Orange a empresarios para pagar actos del PP".

Esta propuesta, continuó, sorprende a Costa, que se queda “preocupado” y decide desplazarse a “Génova, y mantengo una reunión con Luis Bárcenas donde le traslado la petición del PPCV, en este caso de Víctor Campos, que se la había planteado Camps, y Bárcenas me dijo: `Eso es una práctica prohibida en el PP nacional y sería un Filesa dos´".

Pese a esta advertencia, explicó, parte de los actos electorales de Mariano Rajoy en Valencia en las campañas de los años 2007 y 2008 se pagaron con dinero "opaco al fisco" aportado por empresarios. De hecho, nueve empresarios acusados en este juicio han admitido los pagos. Este sistema de financiación estaba “establecido antes de que yo llegara", se disculpó.