Este documento ha sido remitido por la plataforma de la discapacidad a las organizaciones nacionales de la sociedad civil de infancia y al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, para que no se pase por alto la dimensión inclusiva de la discapacidad en el examen al que será sometida España este lunes sobre su aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este examen, que se realiza periódicamente a los Estados que han ratificado la Convención, sirve al Comité de los Derechos del Niño de mecanismo de control y supervisión de los mismos. El último examen que se realizó a España tuvo lugar en el año 2010.

Para el Cermi, “los niños y las niñas con discapacidad que residen en España ven vulnerados sus derechos humanos en múltiples formas, al experimentar una situación estructural y sistemática de discriminación y exclusión social”.

En España se viola el derecho de los menores con discapacidad a tener una educación inclusiva de calidad y el derecho de sus familias a elegir la educación que quieren, según el Cermi, que apunta que para terminar con esta situación, se requiere de una reforma de la legislación educativa a fin de establecer un sistema educativo inclusivo en el que no exista educación especial ni segregadora. En la actualidad en torno al 20% de los menores con discapacidad estudian en centros especiales.

ESTERILIZACIONES FORZOSAS

El Cermi también denuncia que “la esterilización forzosa a niñas con discapacidad es otro elemento sangrante del que aún perviven ciertos vestigios en nuestro ámbito jurídico y que se aplica en la práctica fundamentalmente a mujeres y niñas con discapacidad intelectual, incapacitadas judicialmente, a las que se priva de una función esencial corporal, como es la posibilidad de reproducirse sin que hayan tomado la decisión por sí mismas”.

“Otro aspecto en que España no protege los derechos de los niños y niñas con discapacidad es el de la institucionalización a la que se ven sometidos muchos menores, que viven de modo forzado en estructuras segregadas, separadas del curso común de la vida social”, agrega la entidad.

En su informe, el Cermi advierte de que en España no existen políticas suficientes de apoyo para familias con menores con discapacidad y reclama que se revise el marco jurídico español para adaptarlo a la Convención de los Derechos del Niño y a la de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“La sociedad española está muy lejos de que sea efectivo el derecho que tienen reconocido los niños y las niñas con discapacidad para poder tomar parte activa en los diferentes procesos de toma de decisiones que se realicen en todos los asuntos que les afectan. Hay que eliminar las barreras existentes y establecer los medios y proporcionar la asistencia necesaria para que los niños y las niñas con discapacidad puedan ejercer en todos los ámbitos, de acuerdo con su edad y capacidad, su derecho a participar siempre en la toma de decisiones en asuntos que les afecten”, concluye el Cermi.