Una vez confirmado que Puigdemont ha salido de Bélgica para asistir a un debate organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, el ministerio público anunció que solicitaría de manera inmediata la reactivación de la euroorden, que debería ser cursada por el juez Llarena a la autoridad judicial danesa.

La Fiscalía del Tribunal Supremo indica en su escrito que “habiendo tenido conocimiento” de que Puigdemont “se encuentra en Dinamarca”, ha solicitado al instructor de la causa especial seguida en el Supremo que “se expida a la mayor urgencia orden europea de detención del investigado por el delito de rebelión y/o sedición”.

El ministerio público cita los artículos del Código Penal español que supuestamente habría incumplido el expresidente catalán y explica también que la legislación danesa contempla estos delitos en el artículo 98.1 y 2 con penas de “hasta cadena perpetua revisable”.

Fue la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que comenzó la instrucción de esta causa, la que libró la euroorden, que más tarde fue desactivada por el juez del Supremo ante la posibilidad de que las autoridades belgas impidieran que Puigdemont fuera investigado por el delito de rebelión.

Existen dudas sobre la efectividad de la reactivación puesto que el expresidente catalán tiene previsto estar fuera de Bélgica durante 24 horas solamente, un plazo que quizá no sea suficiente para que el mandato judicial sea tramitado y se pueda materializar una detención.

Ante el riesgo de que la reactivación no acabe en detención es posible que el juez Llarena no la acuerde, ya que los argumentos que el magistrado esgrimió en el auto del pasado 5 de diciembre por el que retiró la euroorden son plenamente válidos todavía.