En rueda de prensa, Almeida reiteró sus tesis de que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes que gestiona ahora Bicimad, Álvaro Fernández Heredia, pudieron incurrir en estos delitos al municipalizar el servicio de alquiler de bicicletas por 10,5 millones, “un precio claramente lesivo” a su juicio para las cuentas municipales, pues la propia empresa Bonopark lo valoró en 3,5 millones y 7 en diferentes momentos, pero nunca tan alto.

El portavoz popular criticó al Gobierno municipal por “escudarse tras una sociedad mercantil” para no dar explicaciones más allá del Consejo de Administración de la EMT, cuando los 10,5 millones los pagaron los madrileños y por tanto tienen derecho a saber qué pasó. Además, se preguntó por qué se fimó un contrato de confidencialidad con Bonopark para no tener que revelar datos, y se les mantiene como socios tecnológicos, si su gestión había sido tan calamitosa que la continuidad del servicio estaba en peligro.

Finalmente, reiteró sus sospechas sobre la auditoría encargada en diciembre pasado a una empresa sin solicitar tres ofertas, a su juicio para validar el informe de la municipalización, en su día firmado por un cargo que no existía y desde un departamento que no existía en el organigrama municipal.

Por lo demás, dijo que la querella no es la única vía que va a utilizar el PP para aclarar lo sucedido, y que a la ya solicitada comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, en el Pleno de finales de enero como “responsable última” de la Junta de Gobierno que aprobó la cesión del contrato para municipalizar Bicimad, se añadirá la petición, otra vez, de una comisión de investigación, que con los últimos datos conocidos confía en que ahora el PSOE, a diferencia de en noviembre, vote a favor y permita que salga adelante.