Esos nueve Estados miembro de la UE se enfrentan a procedimientos de infracción por superar los límites legales de contaminación del aire y la reunión brindará la oportunidad de que demuestren que tomarán medidas adecuadas y adicionales para corregir la situación actual sin demora y cumplir con la legislación europea, según informó este viernes la Comisión Europea.

Vella comentó que ha convocado la reunión por tres razones: “Proteger a los ciudadanos, aclarar que si no hay mejoras en la calidad del aire hay consecuencias legales y recodar a los Estados miembro que este paso es el final de un largo periodo de ofertas de ayuda, consejos y advertencias, que algunos consideran demasiado tiempo”.

“Nuestra primera responsabilidad como Comisión es para los millones de europeos, jóvenes y viejos, enfermos y sanos, que sufren de mala calidad del aire. Los padres de un niño que sufre de bronquitis o una hija de alguien con enfermedad pulmonar quieren ver mejoras en la calidad del aire lo antes posible. Para ellos, los planes de acción con un plazo de 10 o 12 años o planes ineficaces son inútiles", añadió.

Cada año, más de 400.000 europeos mueren prematuramente como consecuencia de la mala calidad del aire y muchos más sufren de enfermedades respiratorias y cardiovasculares causadas por la contaminación atmosférica. En términos económicos, la mala calidad del aire cuesta más de 20.000 millones de euros anuales a la economía europea debido a los mayores costes médicos y la reducción de la productividad de los trabajadores.

La Comisión Europea desea cooperar con los Estados miembro para ayudarles a cumplir los límites de emisiones, que han acordado respetar y que garantizan la salud de los ciudadanos. Esos límites se refieren a contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas (PM10).

La cumbre ministerial sobre calidad del aire del 30 de enero trata de garantizar que se tomen medidas adicionales e implementen sin demora. En el caso de que no se tomen medidas adecuadas, la Comisión Europea advirtió de que no tendrá más remedio que emprender acciones legales, como ya lo ha hecho contra otros dos países, mediante la remisión de esos Estados miembros al Tribunal de Justicia de la UE.