Según informó Justicia, los principales objetivos del proyecto son arbitrar la posibilidad del ejercicio conjunto de la abogacía y de la procura en las sociedades profesionales; habilitar un sistema de acceso único a dichas profesiones; y clarificar el régimen arancelario de los procuradores.

La tramitación de este proyecto de reforma se efectuará mediante el “procedimiento de urgencia”, con el fin de “lograr con agilidad la adecuación y plena coherencia de nuestra normativa con el ordenamiento jurídico comunitario”.

El departamento que dirige Rafael Catalá explicó que el proyecto normativo responde a la necesidad de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho comunitario y singularmente a lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.

UNA “MISMA ENTIDAD”

Estas normas comunitarias se refieren al mercado interior, así como dar una respuesta integral y coherente a las directrices que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente.

Además de avanzar hacia un nuevo sistema de acceso, la ley que impulsa Justicia eliminará las limitaciones que existen en la actualidad en el ámbito de las sociedades profesionales. También permitirá que abogados y procuradores puedan integrarse en una “misma entidad”, preservando cada uno de ellos sus competencias, responsabilidades y obligaciones.

El Ministerio explicó que “la independencia e imparcialidad en el ejercicio de cada profesión seguirá estando plenamente garantizada en todo caso por el mantenimiento de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura”.

Durante la tramitación del proyecto se contará entre otros, con los informes y participación del Consejo General de los Procuradores de España y del Consejo General de la Abogacía Española, que se completará con el resto de los informes preceptivos, siendo sometido al dictamen del Consejo de Estado con carácter previo a su aprobación como proyecto de ley.