Según explicaron a Servimedia fuentes del Ayuntamiento de Málaga, gobernado en minoría por el PP y donde también tienen representación el PSOE, IU, Ahora Málaga y Ciudadanos, la experiencia en esta ciudad acaba de entrar en vigor el 1 de enero, y de momento se está informando y no sancionando, por lo que todavía no hay datos de recaudación en razón de multas por excrementos depositados en la calle.

Para ponerla en marcha hubo que modificar la Ordenanza de Protección Animal, con el objeto de incluir la obligación de los propietarios de mascotas de realizar un análisis genético a sus animales llevándolos al veterinario que deseen, una prueba que les cuesta 35 euros de media. El Ayuntamiento bonificó el 100% del coste a los parados y otros ciudadanos en dificultades económicas.

En mayo pasado se abrió el período para realizar estos análisis, con un plazo de seis meses que se amplió hasta finales de diciembre, por lo que los dueños de perros que no lo hayan hecho ya pueden ser multados por ello, además de por los excrementos que no recojan.

Las fuentes consultadas subrayaron que el registro genético de los perros es útil también para identificar a los que sean abandonados por sus dueños retirándoles el microchip de la oreja, y a los que sean víctimas del tráfico ilegal de mascotas. Una segunda utilidad a la que también se refirió la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El análisis consta de 19 marcadores, y, una vez realizado, el veterinario entrega una tarjeta identificativa al dueño, al perro se le coloca una chapa en la correa y envía también los datos al Registro municipal. De esta forma quedan vinculados los tres implicados.

MULTAS DE 217 EUROS

En Málaga, las multas a los dueños de perros que no hayan realizado este análisis genético o no hayan recogido excrementos de la calle que posteriormente se demuestren que son de ese animal al cotejar su ADN con el registrado son de la misma cuantía, 217 euros.

Según indicaron las fuentes citadas, el Ayuntamiento ha tenido que contratar a una empresa para que recoja las heces y realice el análisis genético de las mismas. Aunque no pudieron precisar cuánto ha tenido que pagar el Consistorio a la empresa, aseguraron que el coste quedará sobradamente compensado con el importe de las multas, una vez que pase el período de información y pasen a imponerse.

Málaga es la ciudad española más poblada que tiene implantado un sistema como el que Carmena avanzó el miércoles en la Junta Municipal de Tetuán y la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, confirmó que está en estudio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, este jueves.

Otras ciudades, como Xátiva y varias de la Comunidad de Madrid, también lo han introducido, pero son de menor tamaño, así que la experiencia de la capital malagueña estos próximos meses puede ser una buena piedra de toque para que el Ayuntamiento presidido por Carmena decida si lo pone en marcha o no.

A su vez, la unanimidad de los grupos municipales en Málaga pone difícil a los del PP y Ciudadanos en Madrid oponerse a esta iniciativa en caso de que se concrete.