El líder de 'Gürtel' dijo ayer en su declaración que el PP le ordenó emitir facturas falsas a ciertos empresarios para financiar actos electorales del partido en la Comunidad Valenciana en las campañas de 2007 y 2008. Correa aseguró que la persona que dio estas instrucciones fue el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, que también está procesado.

Correa llegó a un principio de acuerdo con la Fiscalía para tirar de la manta y reducir así la petición de 24 años y medio de prisión que pesa sobre él. Además, un total de nueve empresarios reconocieron en la vista haber pagado comisiones al PP a cambio de contratos públicos.

Ahora sus dos directos colaboradores, Crespo y `El Bigotes´, que están en prisión como él por una condena anterior, se ven en la necesidad de intentar un acuerdo para rebajar sus peticiones de pena de 24 años y medio y 27 años, respectivamente. La marcha de este juicio, en el que 10 de los acusados ya han reconocido los hechos, les pone difícil seguir negando la financiación irregular del PP en Valencia.

Los intentos de las defensas de ambos acusados para llegar a acuerdos con el ministerio público han motivado esta mañana el retraso en más de hora y media en el inicio de la vista. El abogado Miguel Durán, en representación de Crespo, se dirigió al tribunal para pedir la suspensión del juicio con el fin de tener la oportunidad de reorientar la defensa y “aportar hechos relevantes” en el juicio.

A esta petición se ha adherido la defensa de `El Bigotes´. Ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni las defensas se han opuesto a la suspensión y el presidente de la Sala ha accedido, fijando la próxima sesión del juicio para el viernes 19.

Fuentes del ministerio público aseguran que por el momento no hay pacto alguno con los dos principales colaboradores de Correa, aunque admiten la existencia de contactos para llegar a un acuerdo de conformidad en el que ambos reconozcan los hechos y se comprometan a resarcir el daño causado.