Así lo aprobó la Junta Directiva de la patronal catalana, que consideró prioritario que en los próximos meses se preste una atención específica a este impuesto, con una regulación, por parte de la Generalitat de Cataluña, que determine un mínimo exento más atractivo o la bonificación total del mismo, hasta su supresión definitiva por parte del Estado.

Los directivos de Foment concluyeron que Cataluña es la región con más tributos propios y tipos impositivos más altos, y el impuesto de Patrimonio “penaliza a las rentas medias, promueve la inactividad económica y frena la atracción de talento”.

Esto redunda en una imagen de Cataluña con impuestos elevados y un marco normativo “imprevisible” que “no fomenta ni la captación ni la retención del talento ni de la inversión, y por tanto, de empleo”.

En el contexto de la crisis política e institucional que se vive en Cataluña, Foment valoró que hay que “dar señales a los inversores para dinamizar la actividad económica, atraer talento y facilitar las inversiones con la movilización de capital que, con este tributo, queda inactivo”.

Así, reclamó profundizar en una regulación “más provechosa” para la actividad productiva, fomentar el ahorro individual y la capitalización de las empresas.

Para compensar la disminución de recaudación por parte de las comunidades autónomas, Foment propone que se valore la cesión de otros impuestos que el Estado gestiona actualmente con competencia exclusiva.

Subraya que la aplicación de los impuestos debería ser entendida para crear una situación que haga compatible el mantenimiento del Estado del Bienestar, con una gestión eficiente de los tributos y revertir de forma gradual el incremento continuado de la presión fiscal.