En la exposición de motivos, el grupo explica que los centros especiales de empleo son actualmente la principal fuente de trabajo para las personas con discapacidad, ya que un 73% de los contratos a este colectivo se realizan en estos centros. En concreto, de los 95.238 contratos específicos para personas con discapacidad realizados en 2015, 68.613 fueron suscritos en un centro especial de empleo.

La bonificación que se establece para la contratación en los centros especiales de empleo “termina convirtiéndose en un caramelo envenenado respecto a su tránsito a la empresa ordinaria”, añade. Además, indica que este tránsito se ve dificultado al dedicarse los centros especiales de empleo a actividades de baja cualificación o capacitación, como ‘contact center’, limpieza o mantenimiento.

Por otra parte, el grupo señala que junto a las empresas sociales que vienen realizando “una labor ingente y absolutamente necesaria” para romper las barreras de discriminación de las personas con discapacidad, en este marco de bonificaciones y salarios más bajos ha surgido “un entramado empresarial donde esa finalidad fundada en un interés social e inclusivo y el económico se ha podido desdibujar”.

A esto añade que es una realidad “innegable” que los salarios de las personas con discapacidad de estos centros son menores que los que perciben en las empresas ordinarias las personas con discapacidad debido, en parte, al marco que permite la última reforma laboral y que establece en el convenio colectivo de los centros especiales de empleo un salario que habitualmente, según Podemos, se sitúa por debajo del establecido en el convenio colectivo del sector.

En el texto de la moción también se hace referencia a la subcontratación con centros especiales de empleo y agrega que pueden licitar a precios inferiores que la empresa ordinaria, o al incumplimiento de cuotas de contratación de personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores.

Además, según Podemos, las medidas alternativas al cumplimiento requieren de un profundo análisis para valorar si lo que normativamente se establecía como excepción se ha convertido en generalidad. Por ello, Podemos insta a crear la ponencia para analizar y evaluar la normativa y las políticas destinadas a aumentar las tasas de actividad y de ocupación en inserción laboral de las personas con discapacidad.