El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid incluyó esta medida dentro de sus alegaciones al citado decreto, registradas hoy en el Parlamento regional y a las que tuvo acceso Servimedia. Además, los socialistas exigen “la apertura de un auténtico proceso de diálogo con la participación de todas las partes afectadas”.

A juicio del PSOE, la reforma del decreto de 2014 “debe reflejar una regulación adecuada de la actividad de viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid donde se garantice un marco de competencia en igualdad de condiciones entre los diversos operadores de servicio de alojamiento turístico”.

También debe “fijar”, según se recoge en las alegaciones, “aspectos que limiten los efectos externos negativos que inciden en la convivencia vecinal en las ciudades y municipios”.

El PSOE, tras considerar que es “necesaria una legislación básica estatal en todo lo referente a esta materia”, solicita que se haga “mención especial a la fiscalidad de esta actividad económica”.

LA COMUNIDAD NO HA CONTADO CON EL AYUNTAMIENTO

En el documento de alegaciones socialistas al proyecto de decreto se denuncia que “se ha elaborado sin contar con otras administraciones públicas”.

“Entre ellas destacamos al Ayuntamiento de Madrid, a pesar de ser la ciudad de Madrid y en particular el distrito Centro, que concentra el mayor número de viviendas de uso turístico de forma ilegal en estos momentos”, se señala. Además, añade, “no se ha contado con un diálogo necesario y fluido con el sector empresarial y la sociedad civil”.

Los autores de las alegaciones manifiestan que “estas decisiones han provocado la redacción final de un proyecto normativo que no ha sido consensuado, ni tiene el respaldo necesario, provocando un rechazo público del sector hotelero madrileño al considerarla muy laxa, así como de las organizaciones vecinales, que plantean cuestiones esenciales para la convivencia y usos permitidos en las comunidades de vecinos”.

El PSOE explica que el Gobierno incluyó en la Estrategia de Turismo de Madrid, que se aprobó en septiembre de 2016, la medida 40, donde se recoge que “la Comunidad de Madrid promoverá una nueva normativa que regule la actividad de las viviendas turísticas buscando promover un entorno que respete la iniciativa privada, asegure un entorno competitivo justo con otros operadores del sector y los derechos de ciudadanos y usuarios”. "Esta regulación establecerá las normas necesarias para regular la contratación de estas viviendas a través de las plataformas de Internet y el cumplimiento de lo establecido por las mismas”.

El PSOE recuerda que presentó una moción subsiguiente a una interpelación que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea celebrado el 14 de diciembre, donde “exigíamos abrir un nuevo proceso de diálogo entre sociedad civil, sector empresarial, representantes de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y administraciones públicas, preferencialmente con el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España, para la elaboración de la reforma conjunta del citado decreto que permita incluir todas las disciplinas y consecuencias que afectan a la problemática generada por las VUT, con el fin de no circunscribirlo exclusivamente al ámbito turístico”.