La propuesta, presentada por el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, prevé, por ejemplo, facilitar que los deudores acudan al acuerdo extrajudicial de pagos antes de incurrir en una situación de insolvencia, con determinadas medidas de protección.

Prevé también facilitar la condonación de deudas flexibilizando el acceso de los deudores de buena fe al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, modulando los requisitos para la concesión de ese beneficio, clarificándolos y eliminando los "injustificadamente restrictivos" y ampliando los efectos a los fiadores y avalistas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Para las personas y familias sobreendeudadas por causas sobrevenidas, se establecee el derecho a solicitar la cancelación de la deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda, tanto en caso de ejecución hipotecaria como en el marco de un concurso de acreedores. Se habilita además la posibilidad de que esas personas puedan permanecer en la vivienda habitual con un alquiler social por un plazo de tres años, prorrogables hasta cinco y con una renta mensual que no supere el 30% de sus ingresos.

En el caso de deudores en especial situación de vulnerabilidad, esa permanencia sería gratuita durante dos años y el derecho a alquiler social sería ejercitable también por quienes estén amenazados por un procedimiento de desahucio para evitar el lanzamiento cuando no exista alternativa habitacional y prevenir así su exclusión social.

La proposición prevé modificar el régimen de inembargabilidad sobre bienes, derechos e ingresos de los deudores para ampliar el umbral vigente establecido en el Salario Mínimo Interprofesional atendiendo a las cargas familiares del deudor y declarando como inembargables aquellas prestaciones económicas que sean concedidas por las administraciones públicas, tales como la prestación y el subsidio de desempleo, las ayudas concedidas a personas en situación de dependencia reconocida, las rentas de inserción social autonómicas y otras prestaciones análogas destinadas a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de sus beneficiarios y sus familias.

En la exposición de motivos, Ciudadanos subraya que disponer de mecanismos de segunda oportunidad eficaces "redunda en incuestionables beneficios" que a corto plazo son sobre todo para deudores pero de los que también se benefician los acreedores y la sociedad en su conjunto.

Una buena ley sobre insolvencia, aseguran, "debe repartir el riesgo entre los agentes que operan en el mercado de una forma previsible, equitativa y transparente" no solo para fortalecer el sistema crediticio sino para impulsar el crecimiento económico "en beneficio de todos".

Recuerdan que desde 2008 se han destruido en España más de 175.000 empresas formadas por personas físicas, la mayor parte de las cuales no contaba con ningún asalariado o con menos de cindo trabajadores. Por ello consideran urgente modificar el régimen legal de la insolvencia personal especialmente en el caso de consumidores vulnerables, autónomos, profesionales y empresarios individuales.

La proposición consta de tres títulos ('Medidas para facilitar la reestructuración de las deudas', 'Medidas para facilitar la condonación de las deudas' y 'Medidas para facilitar la dación en pago y el alquiler social'), dos disposiciones transitorias, una derogatoria y seis finales para modificar varias leyes en coherencia con el contenido de la proposición.

Roldán subrayó que se trata de mitigar los actuales efectos de la legalidad vigente, por los que un "error" se paga en términos personales durante toda la vida, no solo lastrando a esas personas sino también sus posibilidades de volver a crear riqueza en beneficio de toda la sociedad.