Según Wathelet, al celebrar dicho acuerdo la Unión Europea incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) explica que este asunto nace de la denuncia de la organización británica Western Sahara Campaign (WSC) ante la High Court of Justice de Inglaterra y Gales.

Para WSC, las autoridades británicas actúan ilegalmente cuando aplican dicho acuerdo y, concretamente, cuando dan un trato arancelario preferente a los productos originarios del Sáhara Occidental que van certificados como productos originarios del Reino de Marruecos.

WSC cuestiona también que las autoridades británicas tengan la posibilidad de otorgar licencias para pescar en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental (puesto que el acuerdo prevé que los barcos de pesca de la Unión pueden llevar a cabo en ciertas condiciones actividades pesqueras en los caladeros marroquíes).

Por ello, la High Court of Justice, antes de decidir, preguntó al Tribunal de Justicia, por un lado, si asociaciones de las características de WSC tienen derecho a cuestionar la validez de actos de la Unión porque éstos incumplan el Derecho internacional y, por otro, si el acuerdo de pesca del año 2006 es válido a la luz del Derecho de la Unión.

En las conclusiones que ha presentado hoy, el abogado general Wathelet propone que el Tribunal de Justicia conteste que sí es competente para apreciar si son legales los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, que asociaciones de las características de WSC sí están facultadas para poner en tela de juicio el acuerdo de pesca y que el acuerdo de pesca no es válido, por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental.