AP-6

El Defensor del Pueblo investiga la responsabilidad del colapso por la nevada

MADRID
SERVIMEDIA

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, abrió este lunes una actuación de oficio para aclarar el origen de la responsabilidad por el colapso de la AP-6 y la A-6, que este fin de semana dejó a miles de vehículos y sus ocupantes atrapados tras un temporal de nieve.

Fernández Marugán se dirigió a los ministerios del Interior y de Fomento para solicitar información sobre esos hechos, según informó en un comunicado el Defensor del Pueblo. A la nevada, anunciada previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se sumó el incremento notable del tráfico en esas vías que conectan el noroeste de España con Madrid, al coincidir con la operación retorno de navidades.

“De las informaciones facilitadas por las personas afectadas y por diversos medios de comunicación, parece deducirse la existencia de disfuncionalidades, e incluso imprevisiones, en el momento de abordar los problemas descritos”, señaló el Defensor del Pueblo.

Por ello, Fernández Marugán ha pedido información sobre cómo se planificó la operación retorno, en concreto las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por Interior y Fomento para su preparación y supervisión.

Además, la institución quiere conocer la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre las limitaciones en el uso de las vías A-6 y AP-6, y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el pasado 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas.

El Defensor del Pueblo recordó que en el caso de la AP-6, aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, ésta actúa “por medio de la oportuna concesión administrativa, en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía”.

La institución lamentó que “con excesiva frecuencia” en los últimos meses se está detectando “un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la Administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias (servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, etc.) que deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla”.

(SERVIMEDIA)
08 Ene 2018
MGR/gja