El magistrado les había citado atendiendo la petición que le hizo la Fiscalía para que tomara declaración a Consuelo Astasio López, Rafael Navarro Conde y Millán Jesús Pradana Cueéllar. Los tres figuran en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado en enero de 2016.

La citación ha quedado aplazada sin fecha concreta para su celebración por enfermedad de una de las fiscales. En su auto, el juez explicaba que Granados aprovechó su condición de alcalde de Valdemoro entre 2000 y 2003 para desviar fondos públicos a su “lucro personal”. Lo hizo recalificando terrenos y vendiéndolos a empresarios a cambio de "ingentes ganancias ilícitas".

La vivienda está situada en terrenos de una constructora propiedad de Ramiro Cid que salió beneficiada de la gestión de Granados. La parcela fue objeto de “sucesivas transmisiones” para desvincularla del empresario, pero que el juez considera “ficticias” sólo para ocultar que Granados era su verdadero propietario.

El auto detalla que, aunque la inscripción registral de esta vivienda se mantuvo a favor de una de la sociedad de Cid, de la documentación incautada y de las declaraciones de testigos, se desprende "la existencia de sucesivas transmisiones de las parcelas" desde el año 2008, "con el objetivo de desvincularlas" del constructor.

El juez considera que hay suficientes indicios de su participación en un delito de blanqueo de capitales, al encubrir el patrimonio ilícito del exalcalde y dirigente del PP de Madrid "a través de artificiosas compraventas de las parcelas".