La CNMC publicó este viernes su informe sobre el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, conocida como ‘Ley Antitabaco’.

Este anteproyecto incluye una serie de restricciones a la hora de publicitar, promocionar y vender los cigarrillos electrónicos, aunque con una intensidad mucho menor que las que se aplican al tabaco, siendo algunas de estas medidas derivadas de normativa de la Unión Europea.

En primer lugar, la CNMC considera que el anteproyecto se centra en aspectos no previstos en el proyecto de norma sino en otras regulaciones existentes del sector del tabaco, “que no son adecuadas para proteger la salud y distorsionan la competencia”.

La Comisión reitera recomendaciones ya formuladas en el pasado, como suprimir el monopolio de la red de estancos o al menos reconfigurarlo de forma más competitiva.

Además, recomienda revisar la prohibición de venta a distancia de los cigarrillos electrónicos. Por ello, sugiere analizar alternativas menos distorsionadoras que garanticen los objetivos de interés público, como utilizar mecanismos que garanticen la verificación de la edad o reforzar la aplicación del régimen sancionador.

Pide también que se revise la exclusividad de los estancos y establecimientos especializados para la distribución de cigarrillos electrónicos, ya que se excluye a otros operadores. Por ello, insta a que el regulador fundamente la racionalidad de la medida y analice otras alternativas que fomenten la competencia.

Además, pide que se analice la prohibición de venta de productos distintos a los cigarrillos electrónicos en los establecimientos especializados, ya que no se aporta ninguna fundamentación de la medida.

Por último, la Comisión recomienda que no se difunda y publique información comercial sensible que podría traducirse en conductas potencialmente anticompetitivas.

La CNMC reclama también un análisis “amplio” del sector y de cada una de las herramientas de intervención disponibles, con el fin de elegir aquellas que sean más eficaces para los fines al tiempo que menos distorsionadoras de la competencia.

En este sentido, plantea que se consideren otros instrumentos de política pública como la imposición indirecta, “por su eficacia y menor distorsión” de la competencia, ya que reduce el consumo, se beneficia de la imagen negativa del producto en términos de salud pública, nutre de recursos a la Hacienda Pública y acerca el tratamiento fiscal y las reglas de juego a los productos del tabaco.