La Sala ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por los dos comisarios contra el auto del juez instructor de la causa, Diego de Egea, refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, que confirmó la prisión incondicional acordada por la juez Carmen Lamela, el pasado 5 de noviembre, tras tomarles declaración.

Aún está pendiente de resolver el recurso del abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo, que también fue encarcelado junto a los dos comisarios. Esta es la segunda vez que los recursos de los excomisarios son rechazados. Ambos recurrieron en reforma al juez, que se la denegó, y ahora la sala rechaza también su recurso de apelación.

Los otros cuatro investigados en el caso quedaron en libertad tras declarar. En el caso de la mujer de Villarejo, Gema Isabel Alcalá, se acordó la medida cautelar de retirada del pasaporte, mientras que sobre los otros tres investigados, entre ellos un hijo del excomisario Villarejo y otro del excomisario Salamanca, no pesa ninguna medida cautelar.

La decisión de decretar prisión se produjo después de la que la magistrada Carmen Lamela tomara declaración a siete investigados el pasado 5 de noviembre por presuntamente integrar un entramado empresarial cuyo principal objetivo sería reintroducir en España y otros países de la UE fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios. Los acusados fueron detenidos en el marco de la `operación Tándem´, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.

Asuntos Internos de la Policía investigó durante meses el supuesto entramado empresarial de Villarejo y su mujer y desarrolló una operación para desmantelar una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España y otros países de la UE fondos procedentes de actividades ilícitas.

Según la Fiscalía Anticorrupción, tanto Villarejo como Salamanca se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", para recibir "elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos". Todo ello a cambio de sus servicios especializados "de inteligencia" y de "facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español".

Esta red facilitaba supuestamente la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y su posterior regularización a través de las empresas de Villarejo. Según Anticorrupción, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.