Así lo explicaron a Servimedia los portavoces de la APM, Celso Rodríguez, y de JpD, Ignacio González Vega, a raíz de la elección en las candidaturas de 19 futuros parlamentarios que están imputados, algunos de ellos en prisión provisional o fuera de España.

En el caso de Puigdemont y de los electos que se encuentran con él en Bélgica, Rodríguez considera que en caso de regresar a España serían inmediatamete detenidos y puestos a disposición judicial, y una vez materializada su voluntad "evidente" de eludir la Justicia, muy probablemente se dictaría contra ellos un auto de prisión preventiva.

En caso de seguir en Bélgica, y aunque los independentistas pudieran encontrar algún resquicio normativo por el que Puigdemont pudiera ser investido presidente de la Generalitat sin estar presente en la sesión, el ejercicio de esa función sería "notoriamente difícil" en esas circunstancias.

Lo mismo ocurriría si Puigdemont se encontrara en prisión provisional, que es lo que ya ocurre con otros electos. Es previsible, explica el portavoz del la APM, que todos ellos obtengan su acta de diputados porque pueden hacerlo mediante poder notarial, y podría ocurrir también que el juez instructor concediera algún tipo de permiso extraordinario para que pudieran tomar posesión de su escaño de forma presencial en el Parlamento de Cataluña.

"GRAVÍSIMOS DELITOS"

Para ello no hay ningún inconveniente legal, puesto que sobre ellos no pesa sentencia judicial firme de inhabilitación para ser elegidos ni para ejercer la labor parlamentaria. Sin embargo, precisa Rodríguez, la prisión provisional "limita" sin duda el ejercicio de esa función ya que esos diputados no podrían acudir regularmente a las sesiones y a las votaciones.

En su opinión, dado que son personas sobre las que pesan "indicios muy fundados" de haber cometido "gravísimos delitos", no es previsible que por el hecho de ser diputados la prisión provisional pueda "modificarse hasta el extremo de que prácticamente se diluya", como ocurriría en caso de que el juez concediera permisos reiterados para acudir a esas sesiones.

González recuerda, en ese sentido, que la prisión provisional no es uno de los supuestos en los que los parlamentarios pueden ejercer el voto telemático, como sí lo son la enfermedad grave o los permisos de maternidad o paternidad, por ejemplo. Por ello, coincide en que la función de parlamentario sería "casi imposible" desde prisión.

En el caso de Puigdemont, González cree que su hipotética investidura estando en Bruselas, en caso de ser reglamentariamente posible, sería "un acto más vistoso que efectivo", porque difícilmente podría ejercer sus funciones salvo por delegación de ellas en un consejero libre de procesos judiciales.

En el caso de los electos imputados pero que permanecen en libertad, ambos coinciden en que hay que esperar a la evolución de esos procesos para determinar cómo puede interferr en su labor parlamentaria, si bien dan por hecho que, en caso de dictarse prisión provisional contra ellos incluso después de obtenida la condición de parlamentarios, sus dificultades serían idénticas a las de quienes ahora están en esa situación.