Así se expresa Energía en un comunicado con motivo de la publicación de la sentencia que anula la indemnización de 1.350 millones de euros percibida por la empresa promotora del almacén, donde explica que la está estudiando.

En una primera valoración, Energía estima que dicha sentencia no declara la inconstitucionalidad total del texto del Real Decreto-ley 13/2014, sino que estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada “por un motivo formal”.

En particular, sostiene que el Constitucional no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación, por considerar que, con referencia a los preceptos anulados, no se cumplían los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad que se exige para la aprobación de un Real Decreto-ley. En todo caso, asegura que adoptará “las medidas oportunas cuando estudie en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional”.