Trapero ya figura como investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la jueza Carmen Lamela en relación con el asedio a la Consejería de Economía de los días 20 y 21 de septiembre, por un delito de sedición. El ministerio público considera que también debe ser investigado por un presunto delito de rebelión en el Tribunal Supremo, ya que entiende que hay pruebas suficientes de su contribución al cumplimiento de la hoja de ruta para la independencia.

En relación a Jové, que está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, considera que participó en las reuniones clave para el diseño del `procés´ y para la toma de decisiones y formación del llamado comité estratégico independentista.

La Fiscalía solicita, además, que se reclamen al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las diligencias que desarrolla en relación con la celebración el 1 de octubre del referéndum ilegal convocado por el Govern de la Generalitat, con la actividad preparatoria, su realización y la consecución de la independencia, así como con la presunta utilización de fondos públicos para el desarrollo y ejecución del referéndum.

Reclama, igualmente, que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona remita las diligencias que obran en su poder, así como el testimonio íntegro de todas las intervenciones telefónicas practicadas y autorizadas, y de las diligencias relacionadas con la aprehensión y volcado de los ordenadores y demás material informático incautado en las citadas diligencias previas.

El ministerio público requiere de los Mossos d’Esquadra que remitan informe sobre la entrega el 1 de octubre a las patrullas de Mossos d’Esquadra que realizaron labores de vigilancia en los diferentes lugares donde se llevaron a cabo votaciones de teléfonos móviles para la comunicación con sus respectivas unidades y responsables, las razones que motivaron el reparto de esas terminales y si se ha procedido de igual forma en otros acontecimientos electorales. También los motivos por los que no se emplearon los canales habitualmente utilizados para mantener las comunicaciones ante eventos de esta naturaleza.

Solicita, además, tomar declaración nuevamente a los exmiembros del Gobierno catalán. Se trataría de tomar testimonio sobre el fondo del procedimiento a Junqueras y a los exconsejeros Turull, Rull, Romeva, Bassa, Borràs y Mundó. Éste es un tramite habitual cuando se produce un cambio de instructor, como ocurrió en este caso al pasar de la jueza Carmen Lamela al juez Pablo Llarena.