También van a ser imputadas la exportavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras.

Todos ellos, cree el magistrado, formaban parte del comité estratégico para la independencia. El juez les ha notificado su condición de investigados para que se personen en la causa y tengan acceso a las actuaciones, pero por el momento no se les ha citado a declarar.

En consonancia con los informes que le ha remitido la Guardia Civil, Llarena les considera responsables del diseño y puesta en marcha del plan estratégico para declarar la independencia de Cataluña fuera de las vías legales.

Se basa en el documento 'Enfocats', incautado por la Guardia Civil, donde se fija la composición del comité estratégico responsable de llevar adelante la hoja de ruta y que contiene, además, anotaciones del ex 'número dos' de Economía, Josep Maria Jové, sobre las reuniones mantenidas y las previsiones para el desarrollo del plan tras las elecciones de 2015. Jové está siendo investigado en la causa seguida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En su escrito, Llarena explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) .

Unas sospechas cuyo fundamento, según el juez, no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento `Enfocats´, “sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge”.

De un lado, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes en algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep Maria Jové Lladó”.

Llarena añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, “aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”, tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.

Por ello, el juez concluye que para que los investigados puedan ejercitar su derecho de defensa tal y como prevé al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede comunicarles la existencia de este procedimiento, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen para que se les instruya de los derechos que les asisten y puedan ejercitarlos de manera inmediata.

Según el informe de la Guardia Civil, los altos cargos de las entidades soberanistas ANC, OC y AMI participaron en el comité estratégico y “tienen la consideración de órganos ejecutivos especialmente encargos de mantener las movilizaciones sociales y diseñar las estrategias de comunicación coordinadas con el Parlament, el Govern y los partidos políticos independentistas”.

Sostiene también que Artur Mas nunca se ha desvinculado del proceso pese a su condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014 y cita expresamente que el pasado 22 de febrero participó en un acto en el que defendió la movilización ciudadana como instrumento de desobediencia.