La sentencia del Tribunal Supremo, notificada el pasado 8 de noviembre, anuló por no ser conforme a derecho el acuerdo de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces de 2 de marzo de 2017, que rechazó la petición de rehabilitación formulada por Serrano al considerar que la pena de inhabilitación especial que le fue impuesta suponía la privación definitiva del cargo de magistrado.

Una vez acordado el reingreso al servicio activo, el magistrado tiene el deber de participar en cuantos concursos se anuncien para la provisión de plazas de su categoría, solicitando todas las vacantes que se ofrezcan hasta obtener destino en propiedad.

El magistrado cometió un delito de prevaricación por el que fue condenado en 2011. En el momento de producirse los hechos Serrano era juez de primera instancia de Sevilla. Autorizó la prolongación durante dos días el periodo de estancia de vacaciones de un menor con su padre para que el niño pudiera salir en la madrugada del Viernes Santo como paje de una Cofradía.

La decisión fue adoptada sin dar audiencia a la madre, al aceptar el juez la medida cautelar solicitada por el abuelo del menor y tras expresar el niño su deseo de participar en la procesión.

Como consecuencia de la querella presentada por la madre del niño, el juez Serrano fue condenado a 2 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación culposa, pues se entendió que había actuado sin competencia y obviando las medidas familiares fijadas por un Juzgado de Violencia de Género.

El Supremo revisó aquella primera condena y endureció la pena. Pero el Constitucional, más tarde, amparó al exjuez de familia de Sevilla y anuló la condena del Supremo. Sin embargo, hizo firme la sentencia del tribunal andaluz, también condenatoria pero menos dura. Sobre la base de esa condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Comisión Permanente del CGPJ entendió que Serrano había perdido su condición de magistrado.

Sin embargo, ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó su rehabilitación como magistrado el pasado mes de noviembre por no ser conforme a derecho el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 2 de marzo de 2017 que rechazó la petición de rehabilitación a la carrera judicial formulada por Serrano.