De los Santos destacó que estas plataformas comercializadoras de estos pisos, al ser consideradas empresas turísticas, podrán ser sancionadas con multas de entre 30.000 y 600.000 euros.

Agregó que este decreto, que a mediados de 2018 estará aprobado, será “garantista para los turistas y los vecinos” y requerirá “la exigencia de un certificado de idoneidad para estas viviendas que establece unos parámetros que garanticen unas características de alta calidad”.

Asimismo, los propietarios de estas viviendas estarán obligados a comunicar a la Dirección General de la Policía los datos de las personas que alquilan y a contratar un seguro de responsabilidad civil.

Además, los inquilinos están obligados a cumplir con las mínimas normas de convivencia, dijo el consejero, quien señaló que en caso de no hacerlo, serán echados de estas casas.

Para vigilar el cumplimiento de este decreto, Cultura dispone de siete inspectores, que han recibido 259 denuncias desde julio de 2014.