Tras la reunión entre representantes del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas en la que se analizó el real decreto que prepara el Gobierno para regular estas oposiciones, Marín explicó que el texto mantiene uno de los puntos más contestados por los sindicatos, que piden prolongar la moratoria transitoria LOE que en 2008 suprimió el carácter eliminatorio de los exámenes de una misma oposición.

Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Canarias, País Vasco y Navarra también defienden la postura de los sindicatos, que anuncian más protestas.

Según Marín, dos informes distintos solicitados a la Abogacía del Estado sobre esta cuestión indican que las demandas sindicales podrían causar inseguridad jurídica por atentar contra los principios de mérito y capacidad, con lo que las distintas convocatorias podrían ser recurridas.

Además, hay que "ser justos con los cientos de miles de profesores" que no son interinos y se presentan a las oposiciones", y recalcó que en estas solo se pide lo mismo que al resto de funcionarios (y que a los mismos docentes antes de 2008).

El borrador sí admite otras demandas sindicales como aumentar el peso de la fase de concurso (pasa del 36 al 40% de la puntuación final), incrementar la importancia de la experiencia docente previa (se podrán conseguir un máximo de siete puntos y se computarán hasta 10 años a razón de 0,7 puntos) y elevar el número de temas a elegir por parte de los opositores en la fase respectiva.

En su intervención, Marín destacó que se han mantenido hasta cinco reuniones con los sindicatos para tratar esta norma, que desarrolla la parte relativa a Educación de la oferta extraordinaria de empleo público aprobada en julio para los próximos tres años. Se felicitó de que la mayoría de las comunidades apoyasen el real decreto (salvo en el punto referido al carácter eliminatorio de los exámenes) y anunció su publicación definitiva a mediados de febrero, tras ser aprobado en Consejo de Ministros.