El Ministerio Público ha presentado este miércoles su escrito de acusación una vez que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz diera por finalizada la instrucción de esta causa por presuntos delitos de estafa, extorsión, amenazas, organización criminal, administración desleal y fraude a las subvenciones.

El juez considera que todos ellos formaban parte de una organización criminal dirigida por Pineda que utilizaba Ausbanc para conseguir “un beneficio económico ilícito de sus miembros” mediante la extorsión de diversas empresas, principalmente bancos, bajo la pantalla de la “defensa de los consumidores”. El pago de esas extorsiones se hacía pasar por contratos de publicidad en la revista que dirigía que, además, era objeto de subvenciones públicas .

Según la Fiscalía, Pineda puso en marcha la asociación como una organización “sin finalidad de lucro” y en “defensa de los consumidores”, pero la utilizó para su enriquecimiento personal. Le atribuye un total de 27 chantajes principalmente a bancos que debían cuidar su “imagen reputacional” y les exigió el pago de “importantes” cantidades de dinero amenazándoles con “arremeter contra dicho activo reputacional por medio de la publicación de noticias desfavorables, peyorativas o alarmistas respecto a las entidades en cuestión que no se ajustaban exactamente a la realidad o que la distorsionaban de forma deliberada, presionando también en ocasiones con ejercitar acciones judiciales contra dichas entidades”. Varios de los extorsionados acabaron suscribiendo acuerdos de publicidad que ocultaban la extorsión.

En concreto, el ministerio público menciona el chantaje al BBVA o al Banco Sabadell a los que les pidió dinero a cambio de reiterar acciones judiciales emprendidas por Ausbanc en su contra. Además entiende que hay indicios suficientes de que esta organización intentó el pago de tres millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la infanta Cristina de Borbón en el ‘caso Nóos’.

Según la Fiscalía el acuerdo entre Pineda y Bernad era conocido por la abogada que ejercía la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, quien seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda.