En todo caso, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, Restoy, ‘número dos’ de la CNMV entre 2008 y 2012, indicó que “en contra de todo lo que a veces se escucha, este desenlace tan desfavorable no era fácilmente anticipable”. Así, señaló que el marco normativo de ese momento no hubiera permitido una “eventual oposición” de la CNMV a la ejecución de la operación.

Según el exvicepresidente de la Comisión, el organismo “cumplió de modo profesional su función verificadora, explotando al máximo sus competencias, con el objetivo de reforzar la transparencia, asegurar una correcta formación del precio y promover la adecuada comercialización”.

Restoy aseguró que en la salida a Bolsa de Bankia la actuación de la CNMV tuvo tres ejes “bien definidos”: promover un nivel satisfactorio de transparencia, procurar que el precio de salida reflejara las condiciones de mercado y facilitar la adecuada comercialización de las nuevas acciones entre los inversores.

Además, expuso que en julio de 2011 Bankia disponía no sólo de informes de auditorías sin incertidumbres ni salvedades, sino que tenía un buen rating y había superado las pruebas de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).

También señaló que “la valoración del mercado se mantuvo estable hasta febrero de 2012, siguiendo una evolución más positiva que el conjunto del mercado”.

PARTICIPACIONES PREFERENTES

El exvicepresidente de la CNMV se refirió también a la comercialización de productos híbridos, como deuda subordinada o participaciones preferentes, para defender la labor realizada en esta materia por la Comisión.

“Las actuaciones de la CNMV en los ámbitos de la transparencia, la liquidez y la prevención de conflictos de interés, junto con la intensa labor fiscalizadora y sancionadora que acometió en relación con la emisión y comercialización de instrumentos híbridos, se llevaron hasta el límite de las competencias atribuidas en la normativa vigente”, manifestó.

Restoy indicó que se abrieron 24 expedientes sancionadores en los que se imputaron 49 infracciones a entidades pertenecientes a 10 grupos financieros.