Estas propuestas parten de la actuación de oficio que puso en marcha el Defensor tras visitar varios centros, donde ha detectado "numerosas carencias", según asegura en un comunicado que ha difundido con motivo del Internacional del Migrante.

Según la institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, el Reglamento de los CIE apuntaba la necesidad de una profunda reforma en estos centros que la institución "no aprecia que se haya producido en la asistencia social, cultural y jurídica".

La defensoría recomienda establecer en todos los CIE unas directrices comunes para la gestión de la asistencia social, jurídica y cultural que estén coordinadas desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

También aconseja dotar de manera urgente a todos los centros de internamiento de mobiliario suficiente en la zona de ocio y de partida presupuestaria para su mantenimiento y reposición en caso necesario.

Además, el Defensor considera que se deben revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural a la vista de las significativas carencias detectadas en la visitas realizadas por personal de la institución.

También sugiere la elaboración a la mayor brevedad en cada centro, bajo la coordinación y supervisión del director, de los proyectos de actuación que, según mandato reglamentario, han de ser elaborados por trabajadores sociales y aprobados en junta de coordinación.

Por otra parte, el Defensor pide que se dicten instrucciones para que en cada CIE se haga efectivo el derecho de los internos a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y de éstas a visitar los centros y a entrevistarse con los internos.

Por último, la institución quiere que se promuevan convenios con los colegios de abogados para la prestación de un servicio de orientación jurídica en aquellos centros de internamiento en los que aún no se presta este servicio.

PROTOCOLO

Por otro lado, el Defensor también ha recomendado recientemente a la Secretaría de Estado de Seguridad que elabore un protocolo de actuación sanitaria para atender a las personas que llegan en embarcaciones ilegales a las costas españolas.

El Defensor considera que el personal que presta la primera asistencia sanitaria debe poder extender un informe de diagnóstico temprano, en el que se indiquen las enfermedades detectadas a las personas interceptadas, y así asegurarles una atención médica adecuada tras su ingreso en un CIE o en un Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI).

Las actuaciones realizadas ponen de manifiesto que no existen garantías de que los servicios médicos de los CIE tengan conocimiento documentado de la asistencia médica recibida in situ por los extranjeros tras su rescate. Para la institución, esto supone un riesgo para la salud de las personas afectadas por una enfermedad y podría conducir a situaciones de riesgo para la salud pública.

En 2012, el Defensor también recomendó establecer medidas de coordinación para la atención sanitaria de los extranjeros que son trasladados de un CETI a un CIE con el objetivo de conocer la historia clínica del interno desde el momento de su llegada y, en su caso, el tratamiento prescrito por los servicios médicos de los CETI. Esta recomendación fue aceptada y en la actualidad esta información es trasladada a los servicios médicos de los CIE por los funcionarios que acompañan a los extranjeros en los traslados.