Sáenz de Santamaría compareció en la Comisión General de Comunidades Autónomas para dar cuenta de las decisiones tomadas por el Gobierno desde la autorización del Senado para la aplicación de ese precepto constitucional, algo que ahora nadie duda, dijo, que fue "lo acertado".

Entre los datos expuestos, aseguró que la confianza de los consumidores en Cataluña había caído 30 puntos desde la confirmación del proceso independentista, hasta 20 puntos por debajo de la media nacional, lo cual se tradujo en un coste económico que se ha ido constatando en las semanas siguientes.

El independentismo no ha alcanzado ninguna de sus propuestas, afirmó, pero ha enfrentado a la sociedad, espantado a empresas y ahuyentado inversiones, todo ello consecuencia de actos "conscientes y deliberados", y por tanto sujetos a responsabilidad. Ante ello, añadió, el Estado reaccionó asumiendo su obligación frente a quienes incumplían reiteradamente las suyas.

Lo hizo con una solución "no imprevista" pero sí inédita, "porque nunca un gobierno autonómico había llegado tan lejos ni había hecho tanto daño", y con el objetivo de volver a la normalidad.

En contra de las promesas de los independentistas, dijo la vicepresidenta, las colas no eran de empresas para instalarse en una Cataluña independiente, sino para retirar depósitos, y después de bancos y empresas para "huir de la incertidumbre", y ningún país "serio" reconoció esa declaración.

La independencia no tenía "ninguna opción de cumplirse", sentenció, porque los planes para el nuevo Estado eran solo "anotaciones de agenda" y lo que decían en público nada tenía que ver "con lo que daban por imposible en privado", ya que al mismo tiempo "llamaban a los catalanes a salir a la calle y se llamaban entre ellos para admitir que no llegarían a ningún lado".

"UN 'FAKE' EN TODA REGLA"

La "deslealtad" ha sido con el Estado, denunció, pero sobre todo con los catalanes, incluidos los que legítimamente se pueden sentir independentistas y a los que hicieron creer como "casi realidad" lo que era solo una "enorme representación, un 'fake' en toda regla".

La vicepresidenta aseguró que la convocatoria de elecciones demuestra el respeto al autogobierno y a la voluntad de los catalanes, y se celebrarán "como siempre", con la misma libertad, legalidad y legitimidad de todos los procesos electorales anteriores, por lo que espera "que todos respetemos" el resultado.

Explicó también que se han reforzado los sistemas de seguridad, tanto con medios humanos como tecnológicos, y que se ha hecho una simulación de todo el proceso electoral con un análisis del escrutinio que se completó "sin incidencia", garantizando con ello la neutralidad.

Alertó de que la primera tarea del nuevo gobierno de la Generalitat será "cumplir la ley", porque la reiterada desobediencia fue la causa del desgobierno y del cese de sus responsables.

La vicepresidenta agradeció la lealtad y la profesionalidad de la inmensa mayoría de los funcionarios de la Generalitat que han aceptado colaborar para recuperar la normalidad y garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña.

"APARENTAR UN ESTADO"

En su exposición dio cuenta de algunas decisiones del Gobierno, como la disolución de Diplocat, entidad financiada "prácticamente en exclusiva" por la Generalitat con la finalidad explícita "de hacer campaña en el exterior por la secesión". Defendió, en ese sentido, que se gastaba en esa tarea más de 10 millones de euros mientras se cerraban plantas de hospitales, todo para "aparentar la construcción de un Estado" y con una desconfianza tal dentro del independentismo que había estructuras duplicadas en la Presidencia y en la Vicepresidencia de la Generalitat.

También se han revertido decisiones que transformaban instituciones del autogobierno en instrumentos del independentismo, como ocurrió al extralimitar las funciones de la agencia tributaria catalana, y se han aprobado acuerdos para seguir prestando servicios después de años en los que los consejeros estaban solo "en modo 'procés'".

Eso llevó, por ejemplo, a un aumento del 10% de las listas de espera en la sanidad, y a que Cataluña tenga la segunda lista de espera para dependencia más alta de España. El Gobierno ha buscado, afirmó, volver a garantizar los servicios públicos, especialmente la atención de los sectores más vulnerables, y asegurar los pagos a proveedores y a trabajadores públicos.

Como prueba de que la tensión se ha reducido, subrayó que la independencia ha pasado de ser el segundo problema a ser el cuarto, según el CIS, y el porcentaje de ciudadanos que lo señalan ha bajado 4,5 puntos desde la aplicación del artículo 155, con una bajada aún mayor en Cataluña, "seis puntos en un mes".

La vicepresidenta aseguró que todas las medidas y decisiones del Gobierno están "dentro del ámbito de autorización" del Senado, se ha recuperado el cumplimiento de la legalidad que había sido vulnerado, la gestión de los servicios públicos ha vuelto a ser "lo normal y lo prioritario" de la Administración en Cataluña, y se están poniendo las bases para recuperar la confianza y la credibilidad de las instituciones, todo ello para "ir cerrando las fracturas" generadas por el independentismo.