SEO/BirdLife señaló este lunes que esta medida pone en evidencia que el resort, con 323 villas y una superficie edificada de unos 500.000 metros cuadrados (alrededor de 90 campos de fútbol), se construyó sin haber emitido la obligatoria declaración de impacto ambiental y desoyendo a la propia Justicia española.

El hotel de lujo se ubica en la costa de Majanicho, ubicada en el municipio de La Oliva y en un espacio identificado por SEO/BirdLife como Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés) y declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por el Gobierno canario, lo cual lo incluye en Natura 2000, que es la red de espacios naturales protegidos de la UE.

La Comisión Europea abre el proceso de infracción al considerar que el hotel se construyó sin que se determinara la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental, tal como exige la Directiva de Impacto Ambiental, y sin que se haya realizado esa evaluación, tal como exige la Directiva Hábitat en este tipo de casos.

Coincide así con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que reconoció en una sentencia de 2006 un cúmulo de irregularidades en el procedimiento de autorización del proyecto y, consecuentemente, declaraba nulo el plan parcial. Sin embargo, el fallo no tuvo efectos sobre el proyecto urbanístico, que en la actualidad es explotado por el grupo inmobiliario y turístico francés Pierre & Vacances Center Parcs.

RIESGOS DEL PATRIMONIO NATURAL

Con la apertura del proceso, el Ejecutivo comunitario solicita al Gobierno de España que presente sus observaciones y alegaciones en el plazo máximo de dos meses. Tanto si considera que la respuesta es insuficiente como si ésta no se recibe, el órgano de la UE podría emitir un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento, en el que expondría las razones por las que considera que España habría incumplido el derecho de la UE.

A partir de este momento, el Ejecutivo español tendría otros dos meses para ajustarse a dicho dictamen. En el peor de los casos, la Comisión Europa podría llevar a España ante el TJUE, con lo que el Estado se enfrentaría no sólo a la obligación de hacer cumplir la legislación europea (incluso en el caso de que esto implicara la demolición de la infraestructura), sino también a una posible sanción económica, que puede ser millonaria si se llegase a una segunda sentencia por incumplimiento.

SEO/BirdLife se suma a otros colectivos, como Agonane-Ecologistas en Acción, y solicita que se cumpla la legislación europea, que se depuren responsabilidades y que se tomen las decisiones oportunas que permitan poner freno a este caso de incumplimiento de la normativa nacional y comunitaria.

“Este caso es, sin duda, un peligroso exponente de los riesgos a los que se enfrenta el patrimonio natural de las islas Canarias, que no sólo es rico, sino también frágil. Han tenido que pasar más de diez años. Se ha tenido que llegar a Bruselas. En el camino, se ha desoído a la ciudadanía y a la Justicia española. Aún estamos a tiempo de asegurar el cumplimiento de la legislación que protege el capital natural de nuestro país, que también reconoce la Constitución en su artículo 45: el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, indicó Yarci Acosta, delegado de SEO/BirdLife en Canarias.