Así lo recoge la agenda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recuerda que este caso fue el primero en que la Comisión Europea hizo uso del artículo 8, apartado 3, del Reglamento sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro. Dicho artículo le permite realizar todas las investigaciones necesarias para probar la existencia de la tergiversación de datos relativos al déficit y a la deuda que sean pertinentes.

La Comisión Europea, recuerda el TJUE, puede decidir iniciar una investigación cuando considere que hay indicios serios de la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de tal tergiversación.

Si considera que el Estado miembro de que se trate ha tergiversado intencionalmente o por negligencia esos datos, el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, podrá imponer una multa al Estado miembro.

En este caso, la Comisión recomendó al Consejo imponer a España una multa el 7 de mayo de 2015. El 13 de julio el Consejo impuso a España una multa de 18,93 millones de euros, siendo ésta la primera multa que se impone por manipulación de datos. En septiembre de 2015, España interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso contra la decisión del Consejo mediante la que se le impuso la multa.