Las personas reclamadas por la justicia china formaban parte de un grupo que se dedicaba a hacer llamadas de Internet desde España para engañar a ciudadanos residentes en China a los que les sustraían sus depósitos bancarios. Con este auto, la Sala establece que proceden las entregas reclamadas por China porque se cumplen los requisitos del Tratado de Extradición, de doble incriminación y mínimo punitivo, así como los requisitos documentales exigidos.

El auto recuerda que se cumple con el principio de doble incriminación porque los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de un delito de estafa, que está reconocido en el Código Penal chino y en el español. En cumplimiento del resto de los requisitos del Convenio de Extradición, se trata de un delito común, no se advierte motivación espúrea en la reclamación y no concurre ninguna causa para que la justicia española deniegue las extradiciones.

Los hechos se remontan al mes de diciembre de 2016, cuando el servicio de la Policía puso en conocimiento del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por las autoridades de su país, por formar parte de una organización criminal dedicada a estafar, desde centros ubicados en España, a ciudadanos de su país, a través de llamadas telefónicas. Se les indicaba que estaban implicados en la comisión de diversos delitos y les pedía dinero en cambio de arreglar su situación.